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El juez Salvador Alba durante la lectura de una sentencia
Jueces para la Democracia pide que se suspenda al juez Alba por grabar a letrados y compañeros

Jueces para la Democracia pide que se suspenda al juez Alba por grabar a letrados y compañeros

El magistrado sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell e informó contar ella ante el Consejo General del Poder Judicial

europa press

Martes, 8 de noviembre 2016, 13:23

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La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible comisión de una falta disciplinaria de carácter muy grave por parte del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, juez que sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell e informó en su contra. JpD acusa a Salvador Alba de grabar a varios de sus compañeros jueces cuando deliberaban en una estancia de la sede judicial.

Se da la circunstancia de que el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca Herrero, investiga desde el pasado mes de mayo otra grabación relacionada con este magistrado, la que mantuvo con el empresario Miguel Ángel Ramírez también en sede judicial. Ramírez, presidente del UD Las Palmas, es el mismo al que investigaba antes de su marcha a Podemos la propia Rosell por presuntos delitos contra la seguridad social.

Las presuntas irregularidades cometidas por la exdiputada en la instrucción del procedimiento contra Ramírez le valieron la apertura de una causa en el Tribunal Supremo que se basó, precisamente, en un informe en el que Alba la denunció de forma muy contundente. La investigación a la juez Rosell fue finalmente archivada por el alto tribunal.

Según la denuncia realizada por JpD, Alba utiliza el contenido de las nuevas grabaciones realizadas a sus compañeros para incriminar a los posibles intervinientes o para defenderse en procedimientos penales abiertos por él o contra él abiertos".

Además, añaden, "lo hace cuando está comprometido el principio de secreto de las deliberaciones de un órgano colegiado, norma básica de actuación de los órganos colegiados, que el señor Alba no tiene el menor reparo de infringir en provecho propio y en perjuicio ajeno."

La grabación ha sido además presentada por el propio en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento relacionado con la grabación que presuntamente se le realizó con el empresario, "a pesar de que, al menos, la conversación grabada y que afecta a sus compañeros de Sección es posterior a los hechos por él denunciados y por tanto ninguna relación tienen con los mismos".

La asociación recuerda que la grabación de la conversación ha sido publicada en un diario canario e incluye casi 15 minutos de grabación a los cuatro magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia "debatiendo asuntos altamente comprometedores sobre casos abiertos". Los grabados son Emilio Moya, presidente de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, el propio Salvador Alba, José Luis Goizueta y Carlos Vielba.

Ofensa de la dignidad y el sosiego

Según JpD, lo ocurrido "constituye una actuación muy grave en ofensa, ya no sólo de la dignidad y sosiego en el trabajo de los compañeros, sino que suponen una infracción de la Ley, además de una quiebra de las más mínimas normas de deontología profesional al utilizar el contenido de la grabación en su defensa y contra terceros en un procedimiento penal abierto" por el propio Alba.

También piden que se investigue una segunda grabación en la que el magistrado sostiene una conversación con un letrado donde le sonsaca cuestiones relativas a la vida privada de jueces y magistrados que, después, presenta en una causa penal cuyo objeto nada tiene que ver con eso "movido, por tanto, por el único objetivo de hacer públicos tales datos, como desgraciadamente así ha sido".

Por todo ello, JpD solicita la apertura de expediente disciplinario por faltas graves y muy graves contra el magistrado Salvador Alba "y que, en el seno del mismo, se acuerde con carácter inmediato y como medida cautelar, la suspensión de funciones del magistrado.

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