El Comercio

El 'caso Villa' acaba en el geriátrico

José Ángel Fernández Villa abandonó en camilla el HUCA el pasado mes de octubre tras diez días ingresado.
José Ángel Fernández Villa abandonó en camilla el HUCA el pasado mes de octubre tras diez días ingresado. / D. ARIENZA
  • La Fiscalía Anticorrupción centra sus pesquisas en el macroproyecto de Felechosa

  • Un juzgado de Oviedo investiga, de forma paralela, el menoscabo realizado al SOMA; aunque la instrucción está pendiente de la salud del exdirigente sindical

Cuando José Ángel Fernández Villa se acogió en octubre de 2012 a la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro para regularizar la friolera de 1,2 millones de euros, saltaron todas las alarmas. Hacienda desconfió de la supuesta herencia familiar de la que el exsindicalista dijo que procedía tal fortuna oculta y remitió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara su origen. Nada más hacerse público los cuantiosos ahorros ocultos del exsecretario general del SOMA, fueron muchas las voces que apuntaron a los fondos mineros -cuya gestión siempre estuvo muy cuestionada- como su particular gallina de los huevos de oro.

Hoy se sabe que la Fiscalía Anticorrupción cree que buena parte del dinero procede, concretamente, de «certificaciones falsas» en las obras del geriátrico de Felechosa (Aller). Una macroresidencia cuyo coste final alcanzó los 32,5 millones, después de exceder con creces el presupuesto inicial, y que fue financiada con los citados fondos públicos en beneficio del Montepío de la Minería, en el que Villa siempre tuvo un papel destacado. De hecho, fue él quien colocó a su íntimo amigo José Antonio Postigo al frente de la mutua y éste, a su vez, contrató como gerente de la residencia a uno de los hijos del exdirigente sindical. Se da la circunstancia, además, de que Postigo también regularizó en aquella amnistía fiscal unos 360.000 euros.

A las investigaciones de la propia Fiscalía Anticorrupción, se suman además las indagaciones que la actual dirección del Montepío de la Minería está realizando tras detectar que la lujosa residencia geriátrica presenta serias deficiencias.

Adjudicación polémica

La mutua encargó, de hecho, un informe técnico a un estudio de arquitectos que, según explica el actual presidente, Juan José González Pulgar, ratifica que en algunas actuaciones «no coincide lo ejecutado con lo proyectado y liquidado», mientras que en otros casos, añade, «hay obra proyectada que no está ejecutada pero sí liquidada». El Montepío de la Minería, que valora estas «graves irregularidades» en dos millones de euros, reclama ahora a la constructora Alcedo de los Caballeros, a quien se adjudicó la obra no sin polémica en 2009, que se haga cargo de las mismas.

El informe técnico está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ultima ya la querella, al menos, contra José Ángel Fernández Villa. Sería, en todo caso, la segunda.

El propio SOMA-Fitag-UGT contrató una auditoría externa una vez conocida la fortuna amasada por quien fuera su líder durante más de 30 años y el resultado fue demoledor. El sindicato decidió presentar en septiembre de 2015 una querella contra el exdirigente sindical para exigirle la devolución de 360.000 euros, que ahora se amplían hasta 420.000 euros, en concepto de gastos sin justificar, así como por la apropiación durante años de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa. Las dietas de Hunosa, que primero cobró directamente Villa a través de cheques y que luego se ingresaban mediante transferencia bancaria al SOMA (organismo que carece de afiliados y cuyo control económico era nulo) en lugar de al SOMA-Fitag-UGT, suponen otra parte importante de los ingresos presuntamente ilícitos que recaudó Villa durante sus años como líder sindical.

Deterioro cognitivo

Sin embargo, la dificultad que se ha topado el Juzgado de Instrucción número dos de Oviedo para investigar este supuesto menoscabo, y que seguramente se encontrará la Fiscalía Anticorrupción, es el estado de salud de José Ángel Fernández Villa.

Hasta el momento, varios informes médicos que avalan su deterioro cognitivo han justificado su no comparecencia en el juzgado, aunque las dudas sobre el avance de su demencia son muchas. Testimonios y pruebas contradictorias sobre su estado de salud han llevado a la jueza que instruye el caso, Simonet Quelle Coto, a propuesta de la acusación y con el apoyo de la Audiencia Provincial, a solicitar un examen neurológico completo para tratar de determinar el alcance real de su deterioro mental. La prueba pericial se celebró finalmente el pasado viernes, después de superar diferentes recursos y obstáculos que la propia magistrada calificó de «maniobras dilatorias de la defensa». Fue en su domicilio personal y duró 90 minutos. El resultado será clave para el devenir de los acontecimientos.