El Comercio

La defensa de Villa pide la nulidad de la prueba neurológica

El secretario judicial toca el timbre del domicilio de Villa, en presencia del fiscal y el neurólogo
El secretario judicial toca el timbre del domicilio de Villa, en presencia del fiscal y el neurólogo / Mario Rojas
  • Argumenta que se vulneró el derecho de defensa del investigado

La defensa de José Ángel Fernández Villa, a cargo de la letrada Ana García Boto, ha solicitado la nulidad de la prueba neurológica a la que se sometió su cliente el pasado viernes, 11 de noviembre, a cargo de un experto en demencias para tratar de determinar su verdadero estado de salud y si dispone de capacidad física y mental para declarar ante un juzgado por el delito de apropiación indebida que se le imputa. Antes incluso de hacerse pública la resolución de tal prueba pericial, la defensa presenta un recurso de reforma y subsidiario de apelación, con el objeto de que se eleve a la Audiencia Provincial en el caso de que no sea aceptado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle.

La defensa aduce defectos formales en la citación del investigado, ya que, según su interpretación, debería haber sido comunicado personalmente y no a través de su procurador. "No ha habido una primera citación válida y no ha habido ninguna maniobra dilatoria a menos que se considere que merece tal calificativo la exigencia de la defensa de que se cumpla lo establecido en la ley", argumenta la letrada, en respuesta a las manifestaciones de la propia jueza en relación al procedimiento de la abogada.

Del mismo modo, García Boto sostiene que la prueba se realizó “extemporáneamente” porque no se respetaron los plazos establecidos por la ley entre la notificación de la misma y su celebración. Además, añade, la prohibición expresa por parte de la jueza de que no estuviera presente en el domicilio del acusado en el momento de la prueba pericial su propia abogada “me ha hecho sentir inquieta en el ejercicio de la defensa del investigado”. Máxime, añade, cuando sí se permitió la presencia del fiscal.

“Es otorgarle un injustificado privilegio frente a la defensa del investigado”, observa. En resumen, entiende que la prueba supuso “una vulneración del derecho de la defensa de la tutela judicial efectiva, del derecho a un juicio justo y equitativo y con igualdad de armas”, y en consecuencia, exige que se acuerde “retrotraer las actuaciones”.