El Comercio

La defensa de Villa pide la nulidad de la exploración neurológica

  • Aduce que se vulneraron los derechos del acusado al no permitir la presencia de su abogada durante la prueba pericial, entre otros motivos

La defensa de José Ángel Fernández Villa, a cargo de la letrada Ana García Boto, solicita la nulidad de la prueba neurológica a la que se sometió su cliente el pasado viernes, a cargo del experto en demencias Alfredo Robles. Una prueba pericial solicitada por la acusación, el sindicato SOMA-Fitag-UGT, cuyos intereses defiende el bufete Ontier, para tratar de determinar el verdadero estado de salud del ex secretario general del SOMA y, en consecuencia, si dispone de capacidad física y mental para declarar ante un juzgado por el delito de apropiación indebida que se le imputa. Antes incluso de hacerse pública la resolución de tal prueba pericial, la defensa presentó ayer sendos recursos. En el primero, de reforma y subsidiario de apelación, con el objeto de que se eleve a la Audiencia Provincial en el caso de que no sea aceptado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, se pide la nulidad de la prueba al entender que supuso «una vulneración del derecho de la defensa de la tutela judicial efectiva, del derecho a un juicio justo y equitativo y con igualdad de armas».

Argumenta en este primer escrito que existieron defectos de forma en la citación del investigado, ya que, insiste la letrada, debería haber sido comunicada personalmente y no a través de su representante procesal. La letrada niega que, como sostiene la jueza, este argumento obedezca a una «maniobra dilatoria», a menos, añade, «que se considere que merece tal calificativo la exigencia de la defensa de que se cumpla lo establecido en la ley».

Del mismo modo, Boto sostiene que la prueba se realizó «extemporáneamente» porque no se respetaron los plazos exigidos entre la notificación y su celebración. Y añade que la prohibición expresa por parte de la magistrada para que la defensa no estuviera presente en el domicilio del acusado en el momento de la prueba pericial «me ha hecho sentir inquieta en el ejercicio de la defensa del investigado». Máxime, añade, cuando sí se permitió la asistencia del fiscal. «Es otorgarle un injustificado privilegio frente a la defensa del investigado», observa. También fue especialmente crítica con el apercibimiento por parte de la jueza a la familia del investigado para que no obstaculizara el desarrollo de la prueba. «Supone un exceso de jurisdicción y un abuso de derecho», señala.

La letrada presentó un segundo escrito para exponer sus las alegaciones contra el auto que desestima el recurso interpuesto contra la providencia en la que se acordó la prueba pericial. Muy crítica con las decisiones judiciales, reprocha el trato «discriminatorio» que, entiende, está recibiendo la defensa, a quien no se le permitió ni presentar a un segundo neurólogo ni realizar preguntas sobre las causas de recusación del experto elegido por la acusación. También echa en falta que no se recabara un consentimiento informado por parte del acusado para la realización de la citada prueba.