El Comercio

El Principado plantea un presupuesto que crece 80 millones, con 300 para inversión

De izquierda a derecha, Fernando Lastra, Dolores Carcedo, Javier Fernández, Ramón Argüelles y Gaspar Llamazares, en un momento de la reunión en la sede de la Presidencia del Principado.
De izquierda a derecha, Fernando Lastra, Dolores Carcedo, Javier Fernández, Ramón Argüelles y Gaspar Llamazares, en un momento de la reunión en la sede de la Presidencia del Principado. / MARIO ROJAS
  • Los compromisos con los funcionarios o el salario social se 'comen' el grueso del incremento de unas cuentas que rondarán los 4.200 millones de euros

En caso de que el proyecto consiga superar el trámite parlamentario, Asturias tendrá en 2017 unos presupuestos continuistas y mínimamente expansivos que centrarán el grueso del gasto en el capítulo social. El borrador que el Ejecutivo regional presentó ayer a Izquierda Unida, en el inicio de las negociaciones encaminadas a conseguir un acuerdo al que también se incorpore Podemos, contempla un incremento de unos 80 millones de euros respecto del documento fallido de 2016 que eleva el montante total hasta aproximadamente 4.200 millones. La inversión continuará siendo la pata coja de las cuentas ya que apenas rondará los 300 millones.

Se trata de un proyecto económico que camina en el alambre porque se sustenta sobre unas previsiones de ingresos que todavía no están garantizados. Se recoge, por ejemplo, una mejora de los recursos tributarios asociada a la reactivación de la economía que el Ministerio de Hacienda no ha asegurado, y se parte del mejor de los escenarios posibles de déficit, el 0,5% del PIB. «Es un presupuesto supuesto», ironizó el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, a la salida de la reunión que por la mañana, acompañado del nuevo coordinador, Ramón Argüelles, mantuvo en la sede de la Presidencia del Principado con el jefe del Ejecutivo, Javier Fernández; la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra.

Aunque las cifras son todavía provisionales y podrían bailar en función de las negociaciones fiscales vinculadas al presupuesto, se trabaja sobre un borrador que contabiliza del orden de 4.200 millones de euros, unos 80 por encima de los 4.120 de las fracasadas cuentas de este año que no superaron el trámite en la Junta. La cuestión es que hay compromisos adquiridos que no se pueden desatender, lo que irá en detrimento del esfuerzo inversor. La cifra que se asigna a este capítulo está en la órbita de los 300 millones, una cuantía exigua.

¿Cuáles son esos compromisos? Entre otras cosas, el Gobierno tiene pendiente la devolución de la última parte de la paga extra anulada a los funcionarios en 2012. Habrá que asumir, además, el previsible aumento salarial del que se beneficien los empleados públicos. Igualmente, el salario social se llevará un buen mordisco teniendo en cuenta que la previsión inicial para este año era de 83 millones y el ejercicio se cerrará con un gasto superior a los 100. De esa cifra, como mínimo, habrá que partir en 2017.

Gasto social e inversión

En general, el gasto social, que abarca la gestión de los servicios básicos -sanidad, educación y políticas sociales- es creciente y representará aproximadamente el 70% del presupuesto total. La inversión será de nuevo la principal damnificada.

La conclusión que se puede extraer de las grandes cifras es que el margen para la negociación es muy estrecho. El proyecto ya contempla la merma de recursos asociada a la corrección del 'error de salto' en el impuesto de Sucesiones pero no otros hipotéticos acuerdos fiscales con IU y Podemos que pudieran suponer, como el PSOE sospecha en el caso de las iniciativas de la formación morada, una reducción de ingresos extra. Así que no habrá espacio para alegrías.

En vista de lo ajustado de los plazos, porque como anunció el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, la intención es llevar el proyecto a la Junta a final de mes, la intención de IU es situar dos o tres grandes prioridades por departamento sobre las que negociar. Se trataría, explicó Argüelles, de combinar la política social con el estímulo de inversiones que permitan crear nuevos puestos de trabajo.