El Comercio

El presupuesto dedica 445 millones a deuda, el tercer mayor gasto tras sanidad y educación

  • Las consejerías que gestionan las políticas sanitarias, educativas y sociales reciben 2.848 millones de los 4.200 del proyecto para 2017

El borrador del proyecto de presupuestos para 2017 que maneja el Gobierno de Javier Fernández, a partir del que quiere llegar a un acuerdo con Podemos e IU en unas negociaciones que acaban de arrancar, es fiel a la línea política que el gabinete viene desarrollando en estos últimos años. Así, el grueso de los recursos se destina a la financiación de los servicios básicos, de manera que las consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales reciben 2.848 millones de euros sobre un total de 4.200 que darán forma a las cuentas. Esta prioridad, unida al hecho de que la deuda se lleva una partida de 445 millones de euros, explica el poco margen que hay para el diálogo entre los grupos de la izquierda y también la menguante inversión prevista, que apenas alcanza los 300 millones.

El presupuesto está todavía por escribir en su versión definitiva aunque el montante final no distará en exceso de los 4.200 millones sobre los que se trabaja, unos 80 más que los 4.120 del fallido proyecto para 2016 que fue retirado en el último momento de su tramitación parlamentaria ante la falta de apoyos. El documento actual contempla una previsión optimista de ingresos e incluye partidas que, como la de la financiación autonómica, el Ejecutivo central no asegura en su totalidad. El reparto de esos fondos, tal y como deja entrever el proyecto, se ha hecho de forma equilibrada entre las distintas consejerías, porque todas crecen y, por tanto, ninguno de sus responsables tiene motivos aparentes para la queja. Pero sin grandes alegrías.

El grueso del esfuerzo se concentra en las consejerías que se ocupan del gasto social. Entre Sanidad, Educación y Servicios y Derechos Sociales monopolizan 2.848 millones de euros, una cifra abrumadora que explica por qué en el resto de capítulos, caso de la inversión, hay poco espacio para los excesos. La primera obtiene 1.678 millones, 29,1 por encima del fracasado presupuesto para este ejercicio. La segunda capta 782 millones, 9 más. Y la tercera contará con 387 millones, en lo que representa una inyección extra de 10 millones. Todo ello, desde luego, si el proyecto sale adelante, algo que a estas alturas de la película parece bastante improbable.

Una de las partidas más cuantiosas de este área es el salario social. El proyecto destina al pago de esta prestación 102 millones de euros. La cifra parece a priori insuficiente si se tiene en cuenta que, según los cálculos del propio Ejecutivo, 2016 se va a cerrar con un gasto de 108 millones. Ello implica que, con total probabilidad, el Gobierno deberá retocar esa partida al alza durante el ejercicio a medida que se vayan consumiendo los fondos. El ente Establecimientos Residenciales para Ancianos, envuelto en la polémica en los últimos días, controlará 122 millones, cuatro más que ahora.

En un escenario de estrecheces económicas, la Consejería de Hacienda que pilota Dolores Carcedo debe lidiar además con el desembolso que supone el pago de la deuda. El año próximo serán 445 millones de euros los que se destinen a este fin, 10 menos que este ejercicio, lo que supone que esta partida se mueve en una cierta estabilidad. De ese montante, 369,2 millones corresponden al abono de las pertinentes amortizaciones y los 75,8 restantes, a los intereses.

Como consecuencia de esta estructura predeterminada del gasto, a la que hay añadir compromisos adicionales como el pago de la última parte de la extra de 2012 anulada a los funcionarios o el previsible aumento de sus salarios, la inversión se ve penalizada y ronda los 300 millones en que viene moviéndose en los últimos años. Prueba de ello es que la consejería más pujante en este capítulo, la de Infraestructuras, crece pero de forma exigua, apenas 7,9 millones para llegar a un total de 177, muy lejos de los tiempos de la bonanza. Las asignaciones para carreteras o puertos apenas varían respecto al anterior proyecto.

El desglose de los datos permite atisbar algunas circunstancias llamativas. Sorprende que dos cuestiones de interés para IU, uno de los aliados potenciales del PSOE, registren una merma, aunque sea simbólica, de recursos: baja en 129.000 euros la partida para prevención y control ambiental, después de la polémica de la contaminación de las últimas semanas, y también lo hace, en 45.000 euros, la dirección que se ocupa del impulso del asturiano.

Es también relevante el crecimiento de la Consejería de Desarrollo Rural, que recibe 34 millones más, la mayoría para apoyo al mantenimiento de rentas pero de fondos ajenos al Principado.