El Comercio

Villaverde insta a «dar unas cuantas vueltas» a la ley que crearía la Unidad Anticorrupción

Ignacio Villaverde, ayer, en la Junta General, durante su comparecencia.
Ignacio Villaverde, ayer, en la Junta General, durante su comparecencia. / PABLO LORENZANA
  • Afirma que el proyecto «no resulta claro» y alerta de que este tipo de normas obedece a una «vocación moralizante que en ocasiones lleva a la frustración»

La creación de la Unidad Anticorrupción del Principado de Asturias debería pasar por un sosegado análisis, según indicó ayer ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Fue durante las nuevas comparecencias informativas sobre la proposición de ley de Unidad Anticorrupción, que también contaron con el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo Jesús García y elcatedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria.

Villaverde aseguró que mejoraría la «redacción técnica» y el «cuidado que pone» en los deberes de sigilo y reserva que deben tener los inspectores cuando instruyen los expedientes, precisamente para evitar las penas de banquillo y de juicios paralelos. Aañadió que este tipo de normativas obedece a un «estilo de los últimos tiempos» de una legislación «con vocación moralizante, que en ocasiones lleva a la frustración», ya que «las leyes no cambian la sociedad», como ocurre con la violencia de género.

Villaverde apuntó que el proyecto de ley tiene «un problema serio» en cuanto a la coordinación con la Inspección General de Servicios. A su juicio, el proyecto de ley «no resulta claro», ya que la Inspección General de Servicios tiene «muchas funciones de las que ahora se atribuyen» a la Unidad Anticorrupción.

Tampoco está «bien diseñado», dijo, el perfil de los inspectores de la Unidad, en cuyo apartado llama la atención que contemple que quien dirija el departamento sea el inspector de mayor edad, un criterio que Villaverde asocia a un periodo temporal. Por todo ello, instó a los parlamentarios a «dar unas cuantas vueltas» a la redacción técnica del proyecto de ley en varias cuestiones, entre ellas por no entender que se atribuya «potestad parlamentaria» a la Cámara, lo que es «insólito».

Por su parte, Jesús García definió la Unidad Anticorrupción como un órgano «recolector de información», con un canal de informantes que «se parece un poco» al previsto en la ley de Transparencia, que aporta como parte novedosa el carácter anónimo y confidencial del denunciante.

A su juicio, la unidad «no va a ofrecer respuestas mágicas», aunque puede ser un mecanismo de fácil implantación y poco costoso que debe ser «independiente» de los gobiernos, informa Efe.

Respecto a la oficina virtual y la denuncia anónima, dijo que «sería mejor hablar de informantes», y pidió que se mejore el artículo que limita la capacidad de denuncia para trabajadores públicos.

«Denunciar más»

Villoria, en cambio, indicó que la Unidad Anticorrupción ayudará a «denunciar más e investigar mejor».

Villoria ve necesario contar con organismos de coordinación en la lucha contra la corrupción, sobre todo en aspectos «preventivos», y cree una respuesta «lógica y adecuada» la creación del nuevo órgano a debate. Añadió que los ciudadanos quiren luchar, pero que no denuncian porque tienen «miedo a las represalias».

Respecto a una posible solución, sugirió que se nombre a personas «independientes» políticamente para la Unidad Anticorrupción mediante una selección pública en la que se grabe a los candidatos y se conozcan las respuestas a preguntas, que incluyan cuestiones como «qué ha hecho usted en la vida para luchar contra la corrupción».