El Comercio

Una extremeña contra la justicia de Marruecos

Carmen Millán.
Carmen Millán. / Óscar Chamorro
  • A la empresaria de Badajoz Carmen Millán le derribaron dos edificios de una promoción en la playa sin mayor explicación. La justicia cifró el daño en 24 millones de euros. Le ofrecen uno

Tánger, año 2011. El rey Mohammed VI cruza la ciudad en su lujoso coche oficial al terminar el rezo. De pronto, una mujer rubia se acerca al vehículo con un sobre en la mano. Dice algo. Se ha acercado demasiado. Temiendo un ataque al monarca, el coche da un acelerón y se pierde entre el humo y el tráfico de la ciudad al norte de Marruecos. A ella la lleva presa la Policía a una comisaría en la que pasará largas horas retenida. Se llamaba Carmen Millán, era española y llevaba en la mano el relato de una injusticia. Es esta.

En 1957, una familia del campo en Fuente del Arco (Badajoz) ve nacer una niña. Le ponen Carmen. Quince años después, ella se va: esa vida no es la suya. Es, ya, guapa y ambiciosa. Carmen busca suerte en Madrid, se pone a trabajar y catorce años después monta su primera empresa de formación. Quince años más tarde, sigue queriendo más y se muda a Marbella donde conoce a Juan Mora, su marido, un conocido arquitecto de la zona. Nunca había estado en Marruecos. Lo cuenta en la sala de reuniones de un despacho de la calle de Velázquez en Madrid con cierta frialdad efectiva y lineal, pero cuando dice Marruecos se le arquea una ceja y tuerce una mueca de media sonrisa.

En Marbella ya se había formado en asuntos de promoción inmobiliaria, que como todo el mundo sabe, eran abundantes y fructuosos en la zona. En el 99, estando embarazada de su hija, su marido fallece y un tiempo después, cruza el estrecho con unos amigos en viaje de placer. Terminarán siendo unas vacaciones de pesadilla. Entre esos amigos está el jeque saudita Asmawi y su mujer Samia, que es tangerina. A ojos de Carmen, Marruecos se revela como un país lleno de oportunidades y en busca de inversores. Ella tiene dinero y los mejores contactos. Están muy bien posicionados gracias al jeque, así que decide probar suerte. Entre todos invierten un millón y medio de euros en un edificio de 50 apartamentos. Su testaferro marroquí se la juega y se lleva el dinero. Entonces, quiso seguir invirtiendo. Se equivocó.

Junto al empresario burgalés Norberto García Abós crea la empresa Occibelia y compra un terreno a quince kilómetros de Tanger, en la playa en el Cabo Espartel para levantar una urbanización de lujo: situación privilegiada, primeros materiales y vecinos de la elite financiera. “Vendemos el 70% de los pisos. Va muy bien”. Entonces, sucede el desastre. El relato de Carmen narra que un buen día, sin avisar, un funcionario de la Comuna de Tánger ordena el paro inmediato de las obras. Una semana después aparecen las excavadoras escoltadas por la policía y derriban dos edificios. Es marzo de 2008. “A día de hoy no nos han dado una sola explicación de porqué los derribaron”. En ese momento está sola, sin el jeque y no encuentra amparo en nadie, ni en la comuna de Tánger ni en la prefectura, que entonces está comandada por el actual ministro del interior marroquí Mohammed Hassan.

La empresaria narra cómo al tirar los edificios, las excavadoras tiran abajo el castillo de naipes de toda su inversión. Tienen que paralizar las obras y devolver el dinero a sus clientes. Los otros ocho inmuebles sufren un retraso de un año en la entrega. “Es una debacle financiera”.

Un 2 % de la indemnización

Una vez que los clientes están dentro de la casa, acuden a la justicia. “En el tribunal Económico Administrativo, la administración alega que habíamos derribado nosotros mismos los edificios”. Según Millán, recurren a la corte de apelación y lo devuelven a la primera instancia, que condena a la Comuna de Tánger como autora del atropello y nombran a un experto para valorar los daños. Ninguna de las partes recurre a ese experto, que cifra el perjuicio en 24 millones de euros. Nadie recurre la tasación, pero la sentencia falla que dado que en Marruecos la mano de obra es más barata, le corresponden 400.000 euros, un 2% de lo tasado.

Recurren entonces a la corte de apelación, aportan a otro experto que coincide en la cifra del primero y reciben en otra sentencia (notificada este año) 1.200.000 euros, que recurren al más alto tribunal. “Supone un abuso de autoridad, pues se trata de una sentencia a medida de la administración, que es la responsable de los hechos”, asegura Carmen Millán, que sigue viviendo en Marruecos, pero que ha dado el paso de denunciar “la inseguridad administrativa” del país. Su intento de hacer llegar la carta al monarca marroquí no tuvo más efecto que su detención.

Advierte que se reunió sin efecto con María Teresa Fernández de la Vega y tampoco encontró amparo en la Casa Real Española, que simplemente acusó el recibo de su carta. Millán esperaba que las instituciones españolas mediaran en el asunto y le dieran luz en el problema, cosa que no se ha producido, según ella. “Me siento atacada por la administración marroquí, pero la que me desampara es la española. Nos mandaro a invertir allí, nos lo vendieron como la panacea y cuando hay un problema, no nos defienden”.