El Comercio

El Principado rechaza la unidad anticorrupción porque se excede en sus competencias

  • A excepción de IU, de acuerdo con la inciiativa de Podemos, y Foro, que no participó en la comisión, todos los grupos mostraron sus reticencias sobre la idoneidad de constituir la entidad

El Gobierno del Principado rechaza la ley registrada en la Cámara por Podemos para crear una Unidad Anticorrupción en Asturias al entender que las funciones previstas para ella "exceden de sus competencias", y porque este órgano "supone un solapamiento" con respecto a otros entes ya existentes, como la Fiscalía Anticorrupción. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, se expresó esta mañana en estos términos durante las comparecencias relativas a esta proposición de ley, celebradas en la Junta General. El también portavoz del Ejecutivo declaró además que esta proposición de ley puede suponer una duplicidad con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que también se tramita en la Junta, y que fue presentada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio.

En este caso, comparó el consejero, se trata de una ley más amplia, que aborda otras cuestiones como el acceso a la información pública o el control de las incompatibilidades y que, por lo tanto, argumentó, es más ambiciosa. Además, recordó, la ley presentada por el Gobierno recoge también la creación de una oficina que, indicó Martínez, "al contrario que la propuesta por Podemos cuenta con todas las garantías jurídicas" y, aunque se contradice con la postura que defiende la formación morada, "su independencia está garantizada".

Martínez entiende que la oficina anticorrupción presenta muchas dudas legales y puso sobre la mesa la intencionalidad mediática de Podemos al anunciar esta ley en plena campaña electoral.

Por su parte, Daniel Ripa, diputado de Podemos, subrayó la independencia de la unidad anticorrupción frente a la de la oficina que recoge la ley de transparencia y buen gobierno, porque esta última estaría adscrita a la Consejería de Presidencia en lugar de a la Junta General. Ripa también trató de demostrar, con sus incisivas preguntas a los funcionarios que comparecieron en la Junta, la escasa autonomía de los organismos actuales para vigilar y denunciar posibles prácticas irregulares.

El resto de los grupos de la oposición, a excepción de IU, que ve compatibles la Ley de Transparencia y Buen Gobierno con la unidad anticorrupción, y Foro, que no participó en la comisión, mostraron sus reticencias sobre la idoneidad del órgano propuesto por Podemos. El PP teme que este ente se sume a la "larga lista de chiringuitos ya existentes" y aboga por dotar de más medios los órganos ya constituidos. IU muestra sus dudas sobre las consecuencias legales de permitir que las denuncias sean anónimas y Ciudadanos advierte de la dificultad de tramitar dos leyes que pueden invadir competencias mutuamente.