El Comercio

Gobierno y PSOE cierran su primer gran acuerdo desde la investidura de Rajoy

Gobierno y PSOE cierran su primer gran acuerdo desde la investidura de Rajoy
  • La relajación del déficit permitirá al Principado movilizar 23 millones adicionales en 2017, que destinará de forma íntegra a inversión

  • Los socialistas se cuelgan la medalla de la subida del salario mínimo y el mayor gasto de las autonomías

No fue una gran sorpresa porque el PSOE ya había anunciado hacía semanas su disposición a negociar la senda de consolidación fiscal que el Ejecutivo debe llevar cada año al Congreso junto al techo de gasto de los Presupuestos. Pero eso no rebaja el impacto del primer gran pacto sellado entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición desde la investidura de Mariano Rajoy. Si nada se tuerce, el 15 de diciembre el grupo socialista votará 'sí' a los objetivos de déficit y deuda para 2017.

Pero el cable al Ejecutivo para no bloquear el trámite previo a la aprobación de las cuentas públicas no saldrá gratis al PP. Ese es al menos el relato de los socialistas que ayer se esforzaron en exhibir sus condiciones, unas horas antes de que las comunidades se reunieran con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no solo el PSOE sacó pecho, el Gobierno también mostró su satisfacción por «la nueva etapa», en palabras de Montoro, que se abre y que puede ser «una oportunidad» para recuperar consensos perdidos desde hace años.

La primera exigencia socialista era que, dado que Bruselas concedió en verano a España un punto más de déficit para el año próximo, se permitiera a las autonomías alcanzar en 2017 el mismo margen que en 2016, esto es, un 0,7% o en su defecto un 0,6%, en lugar del 0,5% propuesto por Montoro, siempre y cuando la décima perdida fuera a tapar el agujero de la Seguridad Social. El argumento era que las autonomías son las prestadoras de servicios sociales (Sanidad, Educación, Dependencia...) de modo que la mejora, dicen, permite destinar más dinero a políticas para el bienestar de los ciudadanos.

En realidad, la tesis es cierta para autonomías como Andalucía, pero no para otras como la Comunidad Valenciana o Baleares, que arrastran un déficit muy elevado desde la época en que estaban gobernadas por el PP, y desde hace años son incapaces de cumplir la senda de consolidación pactada con Bruselas. Ambas votaron, de hecho, en contra del acuerdo del Consejo que al final fijó el objetivo de déficit en el 0,6% del PIB.

Su posición, según avanzaron fuentes de la gestora, no altera, sin embargo, el plan de dejar pasar el techo de gasto en el Congreso. «Es que son gobiernos de coalición», argumentaron. En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig gobierna con Compromís y en Baleares, Francina Armengol lo hace con los soberanistas de Més.

El incremento del margen de déficit, ese salto del 0,5% del PIB al 0,6%, es un soplo de aire fresco para el Ejecutivo asturiano, inmerso en la tramitación de unos presupuestos para 2017 que a estas alturas tienen muy complicada su aprobación. La flexibilización, «importante» para la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, permitirá al Principado movilizar 23 millones extra el año próximo. De esta manera, el montante total de las cuentas, ahora de 4.226 millones, acabaría rondando los 4.250.

Es verdad, eso sí, que ese dinero extra no puede incorporarse ahora al presupuesto porque la flexibilización del déficit todavía no es oficial, así que la intención del Gobierno es tramitar ya en enero un proyecto de ley, bien de crédito extraordinario, bien de suplemento de crédito, para poder movilizar esos recursos. Eso si hay presupuestos. En caso de prórroga, el trámite se demoraría probablemente a febrero. Lo que sí tiene decidido el Gobierno es dedicar la totalidad de ese dinero a «inversión e impulso económico», tal y como explicó la consejera.

Pese a que el Principado valora positivamente el avance, ayer se abstuvo en la votación de los objetivos de déficit al considerar aún «insuficiente» el reparto por entender que el Gobierno central se queda con mayor margen del que le corresponde en detrimento de las comunidades, atendiendo a la estructura real del gasto de ambas administraciones. Carcedo consideró positivo que se vayan a iniciar conversaciones para abordar la mejora de ese reparto, así como para enfrentar la reforma del modelo de financiación autonómica.

Otra condición del PSOE, según su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, era la de que se permitiera a los ayuntamientos que han alcanzado superávit destinarlo a servicios y no a amortización de deuda. La Comisión Nacional de las Administraciones Locales acordó el miércoles crear una comisión al respecto.

Ajuste 'no social'

Hernando también defendió que el ajuste fiscal que exige la UE, al menos 5.500 millones de euros, se realice fundamentalmente vía aumento de ingresos y no de recortes. Eso significa un aumento de la recaudación centrado «al 90%» en el Impuesto de Sociedades -«queremos que se revierta el regalo fiscal que se hizo a los grandes patrimonios, las grandes fortunas y las rentas elevadas al final de la legislatura pasada», esgrimió- y, en menor medida, en los tributos especiales del alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. Montoro anunció el miércoles que serán justamente esos los impuestos que tocará; aunque no está claro cuál será el peso específico de cada uno en los ingresos.

El plato fuerte para el PSOE, en todo caso, es una subida inmediata del 8% del Salario Mínimo Interprofesional, situado en 655,20 euros al mes, (o sea, una mejora de 52,40 euros hasta los 707,60).

Con todo eso, el Ejecutivo tiene prácticamente garantizado que los socialistas se abstendrán o apoyarán el paquete de medidas que incluirá el techo de gasto. Era difícil que lo hicieran con otro partido porque ni Ciudadanos (que no tiene gobiernos autonómicos) ni el PNV (el País Vasco tiene régimen fiscal propio) se sienten tan concernidos por el reparto realizado en el Consejo Fiscal. Ahora bien, el PSOE insiste en que nada tiene que ver este pacto con los Presupuestos, para los que el PP pretende contar con los nacionalistas vascos, con los que ahora mantiene buena sintonía.