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ANDRÉS SUÁREZ
Miércoles, 7 de diciembre 2016, 07:09
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La reforma del impuesto de Sucesiones es uno de los caballos de batalla del debate presupuestario. Sobre la mesa hay una propuesta del Gobierno de Javier Fernández para rebajar el tributo por la vía de corregir el llamado 'error de salto' y elevar el mínimo exento desde los 150.000 euros en que ahora está situado hasta 200.000 euros. Es un guiño al PP pero insuficiente, porque los populares quieren la práctica supresión del gravamen. El debate no es menor porque el resultado final afectará al bolsillo de los asturianos. El planteamiento del Ejecutivo supone un ahorro de 28.000 euros por heredero pero siempre que el proyecto de cuentas para 2017 salga adelante en la Junta General. Es una de las bazas del PSOE para presionar a la formación conservadora y conseguir que facilite las cosas, sea con su abstención, sea con su voto favorable, aunque los socialistas piensan que para llegar a ese punto deberán hacer cesiones adicionales.
Cuando el PSOE registró su proyecto presupuestario en la Junta, el pasado 28 de noviembre, ya sabía que las cosas con Podemos no iban a llegar muy lejos y que no debía cerrarse ninguna puerta. Por eso optó por limitar los cambios fiscales a una reforma del impuesto de Sucesiones que si bien en su formulación general respondía al planteamiento de la formación morada, con la revisión del 'error de salto' y el incremento del mínimo exento, en la práctica prescindía de toda una batería de elementos correctores defendidos por Emilio León y los suyos y abría la puerta a que la medida pudiera ser asumida por el PP. Es una rebaja del tributo, desde luego muy alejada de las pretensiones de los populares, pero rebaja al fin y al cabo. Del texto se quedaban fuera también los impuestos ambientales de los que IU hace bandera pero que hubieran imposibilitado un acuerdo a varias bandas que incluya a la derecha.
La cuestión es que la arquitectura fiscal del presupuesto ya es inamovible. Salvo pactos a futuro, acuerdos con compromisos a años posteriores, lo que hay es lo que hay. Y lo que hay son dos cosas. Por un lado, la corrección del 'error de salto' que supone que una herencia de hasta 150.000 euros esté exenta pero, en cuanto supere esa cantidad, tenga que abonar del orden de 18.000 euros. Por otro, que el mínimo exento para las herencias en línea directa se eleva ahora a 200.000 euros.
En la práctica esto representa un ahorro de 28.000 euros por contribuyente, con un mecanismo de corrección que evita que la rebaja sea mayor cuando más cuantiosa sea la herencia y garantiza la progresividad del impuesto. Si con el formato actual de Sucesiones el 97% de los asturianos no están sujetos al mismo, con la reforma ese porcentaje pasaría al 98%.
El Gobierno sabe que este planteamiento es insuficiente para el PP, que defiende situar el mínimo exento en 400.000 euros, como sucede en Galicia, lo que equivale a su práctica supresión. Pero confía en que represente un enganche al que se puedan asir los populares al menos como punto de partida de un hipotético escenario de entendimiento. El PSOE corteja la abstención de la formación conservadora pero Mercedes Fernández, al menos hasta ahora, ha dicho 'no', como quedó patente en la reunión que ambos partidos celebraron el viernes. En el seno del Ejecutivo se asume como probable que para doblegar esa resistencia haya que aceptar cesiones adicionales. Todo está, además, a la expectativa de la influencia que el clima de entendimiento entre PP y PSOE en Madrid pueda tener en Asturias, sobre todo a raíz del papel jugado por Javier Fernández como presidente de la gestora socialista para desbloquear la gobernabilidad del país.
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