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ANA MORIYÓN
Domingo, 11 de diciembre 2016, 08:18
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Las transferencias a las corporaciones locales en el proyecto de ley presupuestaria presentado por el Principado y que en estos momentos se tramita en el Parlamento se han visto incrementadas un 6,62% con respecto a las cuentas prorrogadas para el ejercicio en curso, hasta alcanzar los 112,9 millones. Sin embargo, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) entiende que esta subida, que en números redondos representa siete millones de euros, no es suficiente para hacer frente a los servicios que ofrecen los ayuntamientos, en muchos casos mediante convenios con la Administración regional.
1
Formalización de las transferencias a las corporaciones locales durante el primer semestre del año.
2
Recuperación del fondo especial de cooperación para concejos de menor población por importe de un millón de euros.
3
Aumento del Fondo de Cooperación Municipal hasta alcanzar los 11,3 millones.
4
Que el Principado asuma la gestión de la red de Escuelas de Primer Ciclo Infantil (0-3 años).
5
Incremento de la cantidad que recibe cada ayuntamiento por los Servicios de Dinamización Tecnológica.
6
Que el Sespa asuma el personal y los gastos de mantenimiento de Centros de Salud en zonas especiales.
7
Inclusión de un crédito específico para dar cumplimiento a la ley que exige la reclasificación de los policías locales.
8
Supresión de las tasas de la Escuela de Seguridad Pública.
9
Que el Principado asuma el mantenimiento de los repetidores de la TDT.
10
Destinar parte de la financiación adicional obtenida por la revisión del déficit a un plan de inversión en infraestructuras viarias, tanto autonómicas como locales.
11
Que el Principado se encargue de la gestión de los comedores escolares.
12
Incremento hasta los 267.000 euros de la subvención nominativa que recibe la Federación Asturiana de Concejos.
La agrupación que preside Ignacio García Palacios ha realizado una serie de propuestas a los diferentes grupos políticos que supondrían incrementar al menos 1,47 millones de euros los fondos destinados a los ayuntamientos, así como redistribuir otros 5,1 millones -que ahora llegan a los concejos a través de subvenciones finalistas- para que pasen a engrosar el fondo de cooperación municipal, de forma que los gobiernos locales puedan hacer uso de los mismos con mayor autonomía.
El órgano que reúne a los ayuntamientos asturianos también reclama al Principado que asuma una serie de competencias adquiridas por las entidades locales, pero cuya gestión supone graves dificultades económicas. La FACC pide, además, otra serie de consideraciones que no suponen una modificación presupuestaria, pero que de satisfacerse implicarían un importante desahogo para las corporaciones locales. En este sentido, solicitan al Gobierno regional que formalice los compromisos recogidos en el presupuesto con destino a las entidades locales «en el primer trimestre del año» para que, durante el «primer semestre», se materialicen la totalidad de las transferencias consignadas. Con esta medida, argumentan, se evitarían «tensiones de tesorería» que obligan a muchos ayuntamientos a solicitar financiación ajena para poder hacer frente a los gastos que ocasionan diferentes programas y servicios. Es ésta, de hecho, la primera y más importante de las propuestas recogidas en el documento que la federación ha hecho llegar a todos los grupos políticos.
En Asturias, 47
La agrupación de concejos reivindica un incremento del presupuesto destinado a las corporaciones locales de 1,47 millones. El grueso, un millón de euros, para nutrir un fondo especial de cooperación para concejos menores de 5.000 habitantes (en Asturias, 47) que estuvo vigente hasta el año 2012 y que entienden que debe recuperarse. Del mismo modo, también advierten de la necesidad de aumentar la cantidad que recibe cada ayuntamiento por los Servicios de Dinamización Tecnológica. Concretamente, piden incrementar la partida actualmente consignada de 1,29 millones hasta los 1,5, tal y como figuraba en los presupuestos de 2014. También proponen aumentar hasta 267.000 euros la subvención nominativa a la Federación Asturiana de Concejos.
La organización reclama «terminar con la fórmula dominante de la subvención en la relación entre Administración autónoma y ayuntamientos» reforzando el Fondo de Cooperación Municipal con 5,1 millones que, en la actualidad, están destinados también a las corporaciones locales, pero a través de créditos para subvenciones de carácter finalista. De esta forma, la partida para el fondo pasaría de los 6,2 millones previstos a 11,3, sin que eso implique un incremento en las transferencias a los ayuntamientos.
El documento registrado en el Parlamento recoge, igualmente, la necesidad de dotar a los ayuntamientos de crédito para poder dar cumplimiento a la Ley aprobada por la Junta General en 2007 para la «reclasificación» de los policías locales que, a lo largo de los últimos ocho años, han ido acometiendo los concejos con fondos propios, pese a que la propia ley preveía que el Principado debía contribuir con la financiación de estos costes. En este caso, la federación no cuantifica el montante que debería aportar la Administración regional, pero sí hace una valoración del gasto, que se eleva a dos millones de euros anuales.
Financiación adicional
Los consistorios también entienden prioritario que se destine un «alto porcentaje» -sin determinar- de los 23 millones de financiación adicional -que el Principado obtendrá con la revisión del déficit autonómico para 2017- a crear un fondo de inversión para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias, tanto de titularidad autonómica como municipal.
Pero las reivindicaciones no sólo son económicas. También realizan otra serie de propuestas al Gobierno regional para que asuma la gestión directa de algunos de los servicios ahora municipales que, bajo su punto de vista, deberían ser de competencia autonómica. Concretamente, la red de escuelas de primer ciclo infantil (0-3 años) y los comedores escolares. Los órganos de gobierno de la FACC aducen que la educación es una competencia de la comunidad autónoma y advierten, además, de que los fondos recibidos para este tipo de servicios resultan insuficientes para atender los gastos generados.
Con igual criterio, reivindican al Principado que asuma los gastos de personal y de mantenimiento de los centros y consultorios de salud de las zonas especiales, al entender que tampoco se trata de una competencia local. Solicitan, además, que la comunidad se ocupe directamente o indirectamente, a través de una línea de subvención, del mantenimiento de los repetidores de Televisión Digital Terrestre (TDT), y piden la supresión de las tasas de la Escuela de Seguridad Pública, pues no entienden que «la necesaria exigencia de la formación, atribuida en exclusiva a esta escuela, conlleve un gasto para los ayuntamientos».
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