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ANDRÉS SUÁREZ
Domingo, 8 de enero 2017, 08:56
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2017 se perfila como un año crucial para el porvenir de Asturias, sobre todo en el medio plazo. La aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno asturiano, con el apoyo decisivo del PP, ha supuesto un paso muy relevante si se mira al futuro más inmediato porque una segunda prórroga consecutiva hubiera generado una enorme incertidumbre. Pero si se levanta un poco más la vista, si se otea el horizonte, hay asuntos de gran calado pendientes cuya resolución puede encarrilarse este ejercicio. La reforma de la financiación autonómica es, sin duda, uno de ellos. Aproximadamente el 70% de los recursos que maneja la comunidad llegan por esta vía y la revisión del modelo vigente, que se abrirá este mismo mes en la conferencia de presidentes convocada para el próximo día 17, determinará el margen del que dispondrán este y los sucesivos ejecutivos regionales para sostener los servicios básicos y, a la vez, contribuir a la reactivación de la economía. No perder el tren de la reactivación, teniendo en cuenta los lastres que hacen que el Principado tenga siempre problemas para crecer al mismo ritmo que la media del país, es otro de los retos.
Este que empieza no será, pues, un año cualquiera. Aunque enrevesada y compleja, la financiación autonómica es una cuestión capital para Asturias. El actual sistema, vigente desde 2009, se deshilacha por todas sus costuras y la reforma es urgente. El problema es que la presión de todas las comunidades para salir lo mejor paradas posible en el nuevo reparto será tremenda y el peso político del Principado, en comparación con el de territorios como Madrid, Valencia o Cataluña, que además defienden criterios e intereses opuestos, es escaso. Habrá alianzas, desde luego, y el Ejecutivo regional acabará alineado con Galicia, Castilla y León o Aragón, que comparten características y prioridades similares, pero el resultado final es, a priori, incierto.
Tener una financiación que se acomode a la realidad asturiana es primordial. Disponer de recursos suficientes es la garantía de una prestación de servicios básicos (sanidad, educación y políticas sociales) de calidad, equiparable a la del resto de comunidades. Ello permite, además, liberar fondos para el segundo gran pilar de la política autonómica de gasto: la inversión. Ha sido la pata coja de los presupuestos del Principado en los últimos años y la contribución de la participación pública a las estrategias de reactivación de la economía no es menor.
No perder el tren de la recuperación es, de hecho, otro de los objetivos a cumplir. La economía asturiana sufre para alcanzar el ritmo de otras comunidades ahora que la locomotora ha arrancado y las expectativas para el futuro más próximo no son precisamente halagüeñas. Es verdad que en 2015, último dato cerrado, el repunte fue muy similar al de la media del país: un 3,1% en el caso del Principado frente al 3,2% del conjunto. El problema es que, con vistas al ejercicio que arranca, asoman algunas sombras. Un informe de BBVA Research prevé que Asturias sea la región española que menos crezca este año, un 1,8%, frente al 2,3% de media.
Coinciden los agentes económicos y sociales en que contar con unas buenas infraestructuras resultaría una ayuda. Pero tampoco aquí el panorama se presenta despejado. La variante de Pajares, pieza clave de la malla de alta velocidad con la meseta, sigue empantanada en un carrusel de problemas técnicos y retrasos que hacen que su apertura en este 2017 se considere prácticamente un imposible. En cuanto a las conexiones viarias, todavía queda mucho tajo pendiente para encarrilar los tramos sin acabar de la autovía de enlace con el Suroccidente.
En 2017 Asturias debe además encarar obstáculos que afectan a su corazón económico. En algunos casos se trata de cuestiones que, además de su relevancia real, tienen un elevado componente simbólico; es el caso de la minería y sus dificultades para sobrevivir a un escenario de cierre cada vez más patente. Acaba de bajar la persiana el pozo María Luisa, reflejo de la dura realidad que vive el sector. El conjunto de la actividad industrial, por otro lado, sigue viéndose castigada por una política del Gobierno central bastante dubitativa que tiene su principal ejemplo en el problema de la tarifa eléctrica, que representa una amenaza directa de deslocalización.
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