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La conferencia de presidentes del pasado enero, con Javier Fernández a la derecha.
El Principado defiende revisar el cupo vasco y navarro para que aporten más

El Principado defiende revisar el cupo vasco y navarro para que aporten más

Sostiene que no pone en cuestión su existencia pero sí su cálculo; avisa de que no tolerará que se privilegie a ninguna región en la reforma del sistema de financiación

ANDRÉS SUÁREZ

Jueves, 23 de febrero 2017, 06:57

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El Gobierno asturiano defiende la conveniencia de revisar el diseño de los regímenes forales -el cupo vasco y la aportación navarra- para que contribuyan adecuadamente a los mecanismos de solidaridad interterritorial. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, señaló ayer que no se cuestiona la existencia de estos sistemas «pero sí su cálculo», una posición que está en línea con lo que recoge el informe sobre la financiación autonómica elaborado por un grupo de académicos, entre ellos los asturianos Roberto Fernández Llera y Carlos Monasterio. Este último será el representante del Principado en el comité de expertos que analizará la reforma del modelo.

El debate sobre una hipotética revisión del cupo vasco y la aportación navarra es peliagudo. Tanto que parece complicado que pueda llegar a abrirse en la práctica. Pero eso no quiere decir que no exista, y al respecto hay posiciones encontradas. Son muchas las comunidades que consideran que se trata de un privilegio difícilmente justificable y que lamentan que ni el País Vasco ni Navarra contribuyan al reequilibrio territorial en la medida que les corresponde. Los gobiernos de ambas autonomías, mientras, rechazan tajantemente cualquier retoque que les suponga una merma de recursos.

Que se trata de una cuestión sensible lo demuestra el hecho de que el portavoz del Ejecutivo regional se pronunciase ayer de forma muy medida, con delicadeza. Remarcó que el cupo está recogido en la Constitución y que, por tanto, nadie cuestiona su validez, pero matizó que «otra cosa» es el resultado de su aplicación. Esto es, que no se discute el cupo como tal «pero sí su cálculo». Martínez no entró en más detalles aunque el criterio del Ejecutivo es que ni el País Vasco ni Navarra aportan en la medida que deberían a los mecanismos de solidaridad.

El gabinete expresó su posición de forma más rotunda, aunque el fondo es el mismo, en 2014, cuando elaboró un documento con sus criterios sobre el funcionamiento del modelo de financiación vigente y ofreció algunas pinceladas sobre cómo debería abordarse su reforma, que finalmente se retrasó. En aquel texto se identificaba el cupo como un «privilegio», se lamentaba la «escasa aportación» de ambos territorios a la solidaridad y se hablaba de una «discriminación» para el resto de territorios que se instaba a corregir en un plazo razonable de tiempo.

Una reflexión que viene a coincidir con lo que explica el informe de los expertos antes mencionado, que directamente señala que «no cabe por más tiempo soportar el sesgo a la baja» en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra y aboga por poner fin con premura a este «agravio comparativo».

Necesidades de gasto

Parece difícil que la cuestión no salga en las negociaciones para la reforma del sistema de financiación que, primero a través de un comité de expertos y después ya en el terreno político, van a desarrollarse este año. Otra cosa es que se llegue a alguna conclusión efectiva, lo que resulta, a priori, complicado. El Ejecutivo asturiano afronta las conversaciones para la revisión del actual modelo, vigente desde 2009, desde la tesis de que el reparto de recursos debe ajustarse estrictamente a las necesidades reales de gasto de cada comunidad, teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos, y no a otro tipo de intereses políticos, como remarcó ayer Martínez en su comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En el trasfondo de las reflexiones del portavoz está el temor de muchas comunidades a que la reforma de la financiación pueda ser una herramienta a la que el Gobierno central recurra como parte de una política orientada a apaciguar las tensiones nacionalistas en Cataluña. Martínez remarcó que Asturias «no aceptará» que la distribución de los recursos se articule sobre intereses políticos ajenos a las necesidades de gasto de los territorios para prestar unos servicios públicos de calidad.

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