El Comercio
José Ángel Fernández Villa y su abogada, Ana García Boto, el pasado 3 de marzo, tras su comparecencia judicial.
José Ángel Fernández Villa y su abogada, Ana García Boto, el pasado 3 de marzo, tras su comparecencia judicial. / ÁLEX PIÑA

La jueza pretende cerrar cuanto antes la instrucción del 'caso Villa'

  • La rapidez y contundencia con la que denegó nuevas diligencias evidencia su interés por evitar nuevas demoras, que correrían a favor del exsindicalista

Desde que en octubre de 2014 saltara a la luz que el ahora defenestrado José Ángel Fernández Villa ocultó al fisco 1,2 millones de euros de dudosa procedencia, el exlíder minero no había dado ningún tipo de explicación al respecto. Prácticamente no había vuelto a dejarse ver. Durante más de dos años apenas abandonó su refugio, en el domicilio que comparte con su esposa en un ático de La Florida, y siempre que lo hizo fue por cuestiones estrictamente médicas.

Ni el emplazamiento de la Junta General para dar las oportunas explicaciones por su fortuna oculta en la comisión de investigación que se celebró en febrero de 2015 sobre los fondos mineros, ni siquiera las primeras citaciones judiciales que le llegaron a su domicilio después de que el sindicato que dirigió durante más de 30 años se querellase contra él por un presunto delito de apropiación indebida, sirvieron para que saliera de su guarida. Su abogada, Ana García Boto, alegó durante todo este tiempo «padecimientos médicos irreversibles» y centró su estrategia de defensa en tratar de evitar que el exsecretario general del SOMA se sentara a declarar aduciendo que no estaba en condiciones mentales para hacerlo con todas las garantías procesales.

La demencia de Villa protagonizó la instrucción hasta el punto de que, durante meses, parecía casi inviable que el proceso judicial superase este escollo y continuara con normalidad. Pero el pasado 3 de marzo, catorce meses después de que fuera llamado a declarar por primera vez y tras once recursos desestimados, el exsindicalista tuvo que hacer el incómodo paseíllo -bajo amenaza de detención- hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo. Ante la magistrada Simonet Quelle Coto respondió exclusivamente a las preguntas de su letrada y, para sorpresa de los presentes en la sala, lo hizo de forma coherente y en ocasiones con la misma vehemencia que en otra época utilizaba en sus famosos mítines sindicales. Su declaración -publicada en exclusiva por EL COMERCIO- negando rotundamente que se hubiera quedado con fondos de la organización sindical (que le reclama 430.000 euros) y apuntando directamente a algunos de sus excompañeros como responsables de cualquier irregularidad y únicos conocedores del 'pin' de sus tarjetas de crédito, por poner solo un ejemplo de sus argumentos, supuso un giro importante en su estrategia. Regresaba el Villa de antaño. Con golpes encima de la mesa.

Sin embargo, la rapidez y contundencia con la que la titular del juzgado desestimó la solicitud de nuevas diligencias por parte de la abogada del exlíder minero -ésta reclamó pruebas periciales, más documentación y hasta 35 testificales nuevos- evidencia que la magistrada no está dispuesta a entrar en este nuevo juego y que, según confirmaron fuentes acreditadas, pretende concluir de forma inminente la fase de instrucción.

Respaldo de la Audiencia

El juzgado está pendiente de cerrar los últimos flecos y es complicado, incluso para las fuentes judiciales más cercanas al caso, aventurarse a establecer plazos para el inicio del juicio. Sin embargo, se respira cierto aire de optimismo con la posibilidad de que pueda ser este mismo año. Esto, pese a que es altamente probable que la representante legal de Villa recurra el auto en el que se le deniegan nuevas pruebas. La magistrada, que hasta ahora ha demostrado mucha prudencia en este sentido, podría esperar a contar con el respaldo de la Audiencia Provincial antes de dar el siguiente paso, lo que retrasaría el proceso unos meses. Sin embargo, el hecho de que este órgano judicial superior hubiera aplaudido hasta el momento todas y cada una de sus decisiones -algo que no es habitual en otros casos- hace pensar a estas fuentes que en esta ocasión, y teniendo en cuenta el especial interés por parte de la jueza de acelerar el proceso, dé por cerrada la instrucción incluso antes de que la Audiencia Provincial resuelva el probable recurso.

Otra de las cuestiones que podrían condicionar el calendario es la anunciada solicitud por parte de la defensa del otro investigado, Pedro Castillejo, el exsecretario general del Infide, de nuevas diligencias. El letrado Alfredo García López avanzó a este periódico su intención de reclamar una nueva declaración de su cliente, un informe pericial de la auditoría económica que sustenta la querella y la imputación del excontable, Juan Cigales. Las dos últimas cuestiones tienen, a priori, y conociendo los argumentos que Simonet Quelle Coto esgrimió para denegar las pruebas solicitadas por la defensa de Villa, escasas posibilidades de éxito. Sin embargo, fuentes judiciales ven más que viable que la magistrada acepte escuchar nuevamente en sede judicial a Pedro Castillejo. En cualquier caso, esta diligencia no tendría por qué retrasar mucho más el proceso.

Una vez solventadas estas cuestiones que quedan pendientes, la magistrada solicitará al fiscal Enrique Valdés Solís, a la acusación particular -que ejerce el SOMA a través del bufete de abogados Ontier- y a la defensa -la letrada Ana García Boto en representación de José Ángel Fernández Villa y el abogado Alfredo García López por parte de Pedro Castillejo- que formulen escrito de acusación o soliciten la absolución o el sobreseimiento, documentos en base a los que la magistrada decidirá si archiva o da continuidad al proceso.

Es más que previsible que en esta fase la abogada que defiende los intereses de Villa insista nuevamente en solicitar el sobreseimiento de la causa y la inimputabilidad de su cliente aduciendo razones médicas. Se prevé, de hecho, un nuevo rosario de recursos por su parte. Algo que, sumado a la ya de por si compleja tramitación judicial que implica fijar la fecha de un juicio oral, hace difícil calcular el inicio del mismo. Los meses corren de hecho a favor de Fernández Villa, con 73 años y un deterioro cognitivo irreversible y cada vez más agudo, pero la jueza no parece estar dispuesta a perder más tiempo. Más aún del que ya se ha perdido.

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