El Comercio

PP, IU y Cs garantizan su colaboración para aprobar la ley de transparencia asturiana

  • Sin embargo, el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, ha señalado que el texto tiene «un punto de hipocresía y carácter propagandístico» dado que permite «paralizar investigaciones sobre corrupción»

PP, IU y Ciudadanos han garantizado hoy en la Junta General del Principado su voluntad de "colaborar" para posibilitar la aprobación del proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno con el amplio consenso que, a juicio de estas formaciones, requiere una normativa de estas características.

Los tres grupos de oposición se han manifestado así durante la segunda jornada de comparecencias sobre un proyecto de ley aprobado por el Gobierno en julio de 2016 después de que el texto elaborado en la anterior legislatura decayera en su tramitación parlamentaria.

En la sesión de hoy han comparecido un grupo de juristas así como el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que ha defendido el texto del Gobierno en ausencia de Foro y entre las críticas del portavoz de Podemos, Daniel Ripa, que ha señalado que el texto tiene "un punto de hipocresía y carácter propagandístico" dado que permite "paralizar investigaciones sobre corrupción".

Al margen de la necesidad de contar con el apoyo de al menos 23 diputados para su aprobación -un número garantizado entre PSOE, PP, IU y Ciudadanos-, la tramitación de la ley está condicionada además por la propuesta de agrupar junto a otros dos proyectos relacionados con esta cuestión que tramitan Ciudadanos (Inspección General de Servicios) y Podemos (Oficina Anticorrupción).

Para el consejero, el texto mejora la normativa nacional y las autonómicas ya desarrolladas y busca dar garantías jurídicas en cuestiones como la regulación del denominado silencio administrativo negativo ante las peticiones de información dado que se trata de desarrollar normativa básica del Estado y es necesario evitar posibles cuestiones de inconstitucionalidad.

Martínez se ha mostrado dispuesto a hacer cesiones "que mejoren el texto" para lograr el consenso incluso en aspectos inicialmente no contemplados por el Gobierno, como la posibilidad de presentar denuncias anónimas de ciudadanos y funcionarios ante el canal ético del que dispondría la futura Oficina de Buen Gobierno.

Mientras IU ha pedido "no desperdiciar esta oportunidad", el PP ha reclamado un "esfuerzo" del Gobierno en el trámite de enmiendas pero ha afirmado tener "cierta desconfianza" dado que en cuestiones de transparencia ya reguladas, el Ejecutivo "no está cumpliendo".

Ciudadanos, que también ha mostrado su "escepticismo" dados algunos antecedentes del Ejecutivo, ha garantizado su voluntad "constructiva" para que salga adelante mientras que Podemos ha advertido de que, con la actual redacción del texto, el Gobierno no puede contar con el apoyo de la formación morada.

El proyecto incluye un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia en el que se prevén desde multas de entre uno y tres meses de sueldo, hasta la destitución del puesto y la inhabilitación por un periodo de entre cinco y diez años, en los casos más graves.

Además, contempla la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos, iniciativas que, en conjunto, supondría un gasto de unos 422.000 euros para su puesta en marcha.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate