PP, Ciudadanos e IU garantizan su colaboración para aprobar la ley de Transparencia

  • Podemos ve «un punto de hipocresía y carácter propagandístico» en el texto, dado que permite «paralizar investigaciones sobre corrupción»

PP, IU y Ciudadanos garantizaron ayer en la Junta su voluntad de «colaborar» para posibilitar la aprobación del proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno con el amplio consenso que, a juicio de estas formaciones, requiere una normativa de estas características. Los tres grupos se manifestaron de esta forma durante la segunda jornada de comparecencias sobre un proyecto de ley aprobado por el Gobierno en julio de 2016, después de que el texto elaborado en la anterior legislatura decayera en su tramitación.

En la sesión de ayer comparecieron un grupo de juristas así como el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que defendió el texto en ausencia de Foro y entre las críticas del portavoz de Podemos, Daniel Ripa, quien señaló que el texto tiene «un punto de hipocresía y carácter propagandístico» dado que permite «paralizar investigaciones sobre corrupción», según recoge Efe.

Al margen de la necesidad de contar con el apoyo de al menos 23 diputados para su aprobación -un número garantizado entre PSOE, PP, IU y Ciudadanos-, la tramitación de la ley está condicionada además por la propuesta de agrupar junto a otros dos proyectos relacionados con esta cuestión que tramitan Ciudadanos (Inspección General de Servicios) y Podemos (Oficina Anticorrupción).

Para el consejero, el texto mejora la normativa nacional y las autonómicas ya desarrolladas y busca dar garantías jurídicas en cuestiones como la regulación del denominado silencio administrativo negativo ante las peticiones de información dado que se trata de desarrollar normativa básica del Estado y es necesario evitar posibles cuestiones de inconstitucionalidad. Se mostró dispuesto a hacer cesiones «que mejoren el texto» para lograr el consenso incluso en aspectos inicialmente no contemplados por el Gobierno, como la posibilidad de presentar denuncias anónimas ante el canal ético del que dispondría la futura Oficina de Buen Gobierno.