La defensa de Villa pide que se indague si hubo otros implicados en el delito del que se le acusa

La defensa de José Ángel Fernández Villa no tiene intención de quedarse de brazos cruzados mientras la instrucción del caso llega a su fin y se acerca el inicio del juicio oral contra el exsindicalista. La abogada Ana García Boto acaba de recurrir el último auto de la magistrada Simonet Quelle Coto, que instruye la querella interpuesta por el SOMA contra quien fuera su máximo líder sindical durante más de tres décadas, en el que deniega la amplia lista de pruebas y testificales que solicitó tras la comparecencia judicial de su cliente.

La contundencia con la que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo rechazó una por una cada diligencia requerida por la defensa del investigado -hasta el punto de calificarlas de «impertinentes» y «dilatorias»- no parece haber amilanado a su abogada. La letrada ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación -elevando de esta forma su petición a la Audiencia Provincial- contra el citado auto al considerarlo «lesivo y discriminatorio» para su cliente y ha reiterado la solicitud de nuevas diligencias. Argumenta que la negativa por parte de la magistrada a requerir nueva documentación a Hunosa y Liberbank, llamar a declarar a otros 35 testigos y autorizar las pruebas periciales económicas y caligráficas solicitadas causa una «indefensión palmaria» en el exdirigente, a quien el sindicato minero le acusa de apropiación indebida y le reclama ahora 430.000 euros.

El nuevo requerimiento por parte de Ana García Boto era más que previsible, a tenor de la amplia trayectoria de recursos que acumula en esta instrucción. En su escrito, la letrada defiende el interés de cada una de las pruebas propuestas para poder determinar si la conducta de su cliente «es constitutiva del delito o no» y, en caso afirmativo, para «investigar si han existido coautores o cómplices en la comisión del hecho».

Y es que la declaración de Villa el pasado 3 de marzo, en la que eludió cualquier responsabilidad en la contabilidad del sindicato y negó la autoría de algunas de las firmas que rubrican los documentos que sustentan la querella, ya hacía prever cuál sería la nueva estrategia de defensa. Su letrada, que hasta el momento había centrado todos sus esfuerzos en evitar la comparecencia de Villa alegando motivos de salud, llegando a pedir el sobreseimiento de la causa, busca ahora diluir cualquier responsabilidad.

El propio investigado, que durante el interrogatorio respondió con coherencia a las preguntas de su abogada durante más de una hora, señaló con nombres y apellidos a las personas que tenían responsabilidad en la contabilidad del sindicato minero, a aquellas que podrían haber falsificado su firma y hasta a quienes tenían conocimiento de las claves de sus tarjetas de crédito.

La defensa del principal investigado en la causa urge numerosa documentación como, por ejemplo, aquella en la que se autorizan las transferencias bancarias que el SOMA hizo a la cuenta personal de su cliente a lo largo de diferentes años para el pago del Mitsubishi, que fue adquirido directamente por Villa para aprovechar la exención del IVA por su discapacidad. Su abogada quiere demostrar, y así lo explica en su escrito, que él no firmó ninguno de estos pagos y que, por lo tanto, «deberá llamarse a declarar a los distintos apoderados que de forma mancomunada autorizaron las transferencias a lo largo de las sucesivas ejecutivas del SOMA, bien como testigos bien como investigados, pues el delito de apropiación indebida admite la coautoría como ejecución», apunta en su escrito.

También insiste en la necesidad de que le sean facilitados los libros de contabilidad del sindicato ya que, en contra del razonamiento de la magistrada, considera que no es suficiente para analizar las cuentas de la organización el informe presentado por la acusación. Boto sostiene que «lo que la parte querellante ha unido a las actuaciones no es una auditoría sino una simple previsión contable» y advierte de que, si se impide a la defensa el acceso a esta contabilidad, «no podemos defendernos de forma eficaz» ni siquiera realizar una prueba pericial económica de parte. En definitiva, concluye, «la situación de indefensión es de tal gravedad que supone la nulidad de todo lo actuado por vulneración del derecho de defensa».

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