El Comercio

Sólo 200 herederos pagarán el impuesto de sucesiones tras su nueva reforma

Dolores Carcedo, durante la rueda del Consejo de Gobierno.
Dolores Carcedo, durante la rueda del Consejo de Gobierno. / A. A.
  • La consejera de Hacienda señala además que provocará una merma de 10,5 millones de euros en la recaudación autonómica

La nueva reforma del impuesto de sucesiones en Asturias pactada entre el Gobierno y el PP dejará en unos 200 el número de herederos directos que deberán pagar por este tributo, la cuarta parte de los que lo hacían hasta ahora al año, y provocará una merma de 10,5 millones en la recaudación autonómica. Estos datos los ha dado hoy la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno después de cerrar esta semana un acuerdo con el PP para cumplir así el compromiso adquirido con los populares para la aprobación del presupuesto de 2017, que ya incorporaba la supresión del 'error de salto' en dicho tributo e incrementaba el mínimo exento de 150.000 a 200.000 euros.

Dichas medidas, según las estimaciones del Gobierno, reducirían ya por sí solas en unos 20 millones la recaudación obtenida en Asturias, cantidad a la que ahora se añadirán otros diez millones tras elevar de nuevo el mínimo exento de 200.000 a 300.000 euros e incorporar algunas modificaciones más en la gestión del impuesto. Entre ellas figuran la reducción de diez a tres años del tiempo máximo para vender una vivienda heredada con la máxima bonificación fiscal y la reducción al 99 por ciento del impuesto para las transmisiones de explotaciones agrarias, ganaderas y forestales.

También se eliminará el valor límite de una sociedad que se exigía hasta ahora para que los herederos pudieran beneficiarse de una reducción del 99 por ciento en las transmisiones de empresas y se reducirá el plazo de la obligación de mantener la empresa de diez a cinco años.

En el caso del impuesto de donaciones, el acuerdo prevé además reducir de dieciséis a siete los tramos existentes en el tributo de sucesiones rebajando además sus tipos con el objetivo de incentivar el traspaso de bienes entre vivos.

Carcedo ha incidido en que buena parte de estas medidas figuraban en el programa electoral del PSOE con el objetivo de "mejorar" un impuesto diseñado hace treinta años que debe adaptarse "a una realidad social distinta" y que mantendrán a Asturias entre las comunidades que más gravan a las herencias de mayor cuantía.

Según la consejera, esta medida no entra en contradicción con la exigencia del Gobierno asturiano de que el tributo se armonice en todas las comunidades autónomas para acabar con "la guerra de rebajas" entre los distintos territorios en torno a un tributo que ha generado también, ha subrayado, "una guerra de falsedades".

A su juicio, medidas como la reducción del plazo para vender una vivienda heredada con la máxima bonificación fiscal "beneficia a los que menos recursos tienen" y que sufrían "más dificultades" para mantenerla en su poder durante una década lo que les llevaba a optar por renunciar a la exención "y venderla cuanto antes".

Estas nuevas medidas, que entrarán en vigor el 1 de junio en lo relativo a sucesiones y el 1 de enero de 2018 en el caso de las de donaciones, no producirán "un desequilibrio en las cuentas públicas" e incluso en algunos casos como el aumento de las ventas de viviendas heredadas, ha apuntado Carcedo, podrían generar incluso un incremento de la recaudación para el Principado.

La consejera ha rechazado las críticas sobre su incidencia en la financiación de los servicios públicos y ha advertido de que, en buena parte, eran "conocidas" y ha emplazado a que, quien esté en contra de las novedades sobre la rebaja fiscal a las herencias si se destinan a ampliar una empresa o a constituirla o sobre las explotaciones agrarias, "lo diga".

Para Carcedo, pese a este acuerdo con el PP, la negociación de la reforma fiscal planteada con Podemos e IU antes de la tramitación del presupuesto de 2017 "está todavía abierta", pero ha subrayado que, cuando se habla de modificaciones tributarias, hay que exigir también que se hable de "compromiso" a la hora de tomar estas decisiones para decir de donde se reducen los gastos.

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