«No creemos en circos, pedimos justicia»

13 de septiembre de 1974. 14.35 horas. Un potente artefacto hace explosión en el interior de la cafetería Rolando, situada en el número 4 de la calle del Correo de Madrid, a pocos pasos de la Dirección General de Seguridad. El atentado se lleva trece vidas y deja 71 heridos. Entre los fallecidos, un joven camarero, Manuel Llanos Gancedo, natural de Villar de Vildas (Somiedo). Tenía 24 años. Era la primera víctima asturiana de ETA.

Desde 1960, la banda cometió más de 700 atentados en los que murieron 857 personas, además de miles de heridos y 90 secuestrados. De las víctimas mortales, 24 eran nacidos en Asturias o tenían algún tipo de vinculación con esta tierra. Más de medio siglo después, la sociedad no les olvida. Mucho menos sus familias, que acogen la noticia del desarme entre la desconfianza, el escepticismo y la indiferencia.

«¿Es el definitivo o aún habrá más desarmes?», se pregunta con ironía Ana Isabel Díaz Delgado, quien desde hace dos años es la delegada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en Asturias. A su hermano, Francisco Javier Delgado, lo mataron en Barcelona en diciembre de 1991. Él y otro policía nacional fueron tiroteados a bocajarro por un comando etarra. «Lo único que nos queda a las víctimas es que la Justicia sea justa, porque por mucho que pidan perdón, mi hermano seguirá muerto».

Ana Isabel Díaz tampoco cree en el arrepentimiento de algunos. «Tenemos constancia de que hay presos de ETA que no se han desvinculado de la banda, y no me creo que sea sincero alguien que después de 20 años y de haber matado a 16 personas pida perdón ahora de modo espontáneo. Lo que busca es salir de la cárcel».

Esa misma desconfianza y ese mismo recelo es lo que le provoca «este supuesto desarme». «No creemos en circos mediáticos ni puestas en escena. ¿Qué credibilidad ofrece un desarme en el que no intervienen ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía», enfatiza.

Contrapartidas

La delegada de la AVT en Asturias opina, en cualquier caso, que habrá que esperar a conocer los movimientos de ETA a partir de ahora. «No creo que vayan a hacer nada por nada. Enseguida pedirán el acercamiento de presos, la excarcelación... Y esto no es una guerra, como algunos nos quieren hacer creer. Aquí ha habido asesinos que se dedicaban a matar a personas por un objetivo. No nos pueden pedir que nos olvidemos. Nosotros no somos los enemigos de la paz, somos amigos de la justicia».

Varios de los crímenes de ETA siguen sin esclarecerse y sin que ninguno de sus autores haya pagado con la cárcel. Es el caso de la última víctima asturiana, el guardia civil Juan Carlos Beiro, asesinado el 24 de septiembre de 2002 en la localidad navarra de Leiza. El atentado se produjo utilizando una pancarta trampa que Beiro y otros tres agentes estaban procediendo a retirar. La pancarta tenía escrito en euskera el lema 'Gora ETA. GC jota bertan hil' (Viva ETA. Guardia Civil muere aquí). Tenía dibujado, además, el anagrama de la banda asesina y una diana con un tricornio en el centro. Justo al lado de la pancarta estaba escondida la bomba que fue activada a distancia por un terrorista cuando el cabo Juan Carlos Beiro y el sargento Miguel de los Reyes Martínez se aproximaron. El artefacto, compuesto por 15 kilos de explosivos, mató a ambos e hirió a otros tres agentes que se encontraban más alejados del lugar de la deflagración.

«Escepticismo» es la palabra que utiliza ahora la viuda de Beiro, María José Rama, para definir su sentir ante el desarme . «Me parece muy bien que entreguen las armas, pero que lo hagan de verdad. Está muy bien que se desarmen, que digan dónde están los zulos, que aporten toda la documentación que tienen, pero lo que realmente importa es que se haga justicia». En septiembre hará quince años desde el atentado en el que murió su marido, natural de Langreo. «Hasta que no se juzgue a los asesinos de mi marido no voy a descansar», advierte. El año pasado se reabrió el sumario con el objetivo -explica Rama- de sentar en el banquillo «a los cinco jefes que, según los informes policiales, está probado que ordenaron el asesinato de Juan Carlos. Pero mira qué buenos son que no quieren colaborar con la Justicia». Así, por tanto, «esto no se acaba entregando cuatro o cinco pistolas. La justicia no es negociable, es de ley. Si al final falla, falla todo», afirma.

La viuda de Beiro recuerda que en 2011 «ya dijeron que no volverían a matar. Esto parece ahora una pantomima. Y espero que no vuelvan a hacerlo, porque yo soy la primera que no quiere que nadie sufra lo que yo he sufrido cuando mataron a mi marido. Nuestros hijos mellizos tenían entonces cinco años».

Cumplir las penas

«¿Que qué pienso del desarme? Si soy sincera, estoy muy harta. No creo en nada ni en nadie. Nos lo ponen muy difícil a las víctimas. ¿De qué me sirve el desarme?, ¿para que los reinserten en la sociedad? Esa gente sobra. Lo que tienen que hacer es cumplir íntegramente las condenas y pedir perdón». Pilar Álvarez lleva 38 años viuda, desde que aquel fatídico 12 de julio de 1979 ETA atentara contra el hotel Corona de Aragón, en Zaragoza, acabando con 78 vidas, entre ellas la del asturiano Miguel Ángel Santos Álvarez.

Su mujer, desde entonces su viuda, recuerda que el menor de sus tres hijos tan solo tenía unos meses cuando «nos destrozaron la vida». Desde aquel día «llevamos la pena dentro», un trauma que le aflora con lágrimas incontenibles de dolor. «Mis hijos no hablan nunca de ello, yo soy la única que lo hago». Quizá porque esta gijonesa es, pese a todo, una mujer fuerte que mira hacia adelante. Pero sin hipocresías. Por eso, admite, «ni perdono ni olvido».

Ella misma se responde preguntando: «¿Qué pensarías tú si te arrebataran a un familiar? Esta sociedad está enferma de hipocresía y de valores sociales. El problema de las víctimas, además de perder lo que más queremos, se encuentra en el poder judicial y en los medios de comunicación que retuercen y tergiversan la realidad. Todo esto del desarme me suena a cuento chino. No me importa lo que hagan con las armas ni los zulos. Que hagan con ello lo que les venga en gana. Esa gente me ha hecho perder tanto en la vida que no pierdo ni un minuto con ellos. Nos han hecho demasiado daño», zanja.

A José Fernando Fernández Pérez le puede la rabia. «No entiendo que quienes han asesinado pretendan tener notoriedad con esto del desarme. Me parece muy bien que dejen las armas, pero no que se olvide a las víctimas ni que ellos quieran ahora beneficios», se desahoga. «Dejan salir de las cárceles incluso a los que no se han arrepentido y han amenazado al juez con pegarle un tiro. Hay cosas que no se comprenden. Yo no sé si es que esto tiene que ser así, si así fue también en Irlanda, pero parece que aquí ganan ellos. Están en las instituciones, tienen el poder y en muchos pueblos se vive más atemorizado que antes», prosigue.

Fernández Pérez recuerda con nitidez el día en el que sufrió el atentado. Fue un 2 de noviembre de 1984. En Araya, Álava, la mayoría de la gente del pueblo disfrutaba de un festival musical. Tocaba 'La Polla Récords' y habría unas 2.000 personas. Siete asesinos montados en un vehículo todoterreno atacaron la casa cuartel efectuando tres disparos de lanzagranadas y varias ráfagas de fusil ametrallador contra la fachada principal del cuartel. Él, entonces un joven guardia civil destinado en aquella localidad vasca, agradece hoy «estar vivo para contarlo». Antes de entrar en la Benemérita fue marino mercante y conoció a muchos vascos, «que tampoco compartían esa violencia».

Ahora, solo desea que las víctimas «no volvamos a ser los apestados que fuimos en los años 80. Espero que no vuelvan nunca esos tiempos».