El fiscal dice que Villa «ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio»

gráfico

Fernández Villa, entre su abogada y su esposa, a su llegada a la Audiencia para declarar el pasado marzo. / Álex Piña

  • El ministerio público pide cinco años de prisión para el exdirigente del SOMA por la presunta apropiación de 434.158 euros

Se esperaba que fuera el SOMA-Fitag-UGT el que diera el primer paso, pero al final fue la Fiscalía. Siete días después de la jueza instructora del llamado 'caso Villa', Simonet Quelle, cerrara la instrucción del mismo, el fiscal Enrique Valdés-Solís Iglesias presentó su escrito de acusación contra el exsecretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa. Al igual que lo hiciera la magistrada hace una semana, el fiscal concluye en su documento -con fecha de 17 de abril- que tanto Villa como el exsecretario de la Fundación Infide -dependiente del SOMA-, Pedro Castillejo, cometieron un «delito continuado de apropiación indebida». Para el primero, Valdés-Solís reclama cinco años de prisión y para el segundo, tres años. A Villa le acusa de haberse apropiado de más de 434.000 euros del sindicato minero y a Castillejo, de más de 119.000 euros.

El escrito de acusación por parte del fiscal supone, a su vez, la solicitud de la apertura de juicio oral contra el exdirigente del SOMA, una vez la jueza cerró la instrucción la pasada semana, abierta a raíz de la demanda presentada por el sindicato minero en octubre de 2015, que acusaba a Villa de apropiarse de 360.000 euros de las cuentas de la organización. Esa cantidad, una vez llevadas a cabo las diligencias en la fase de instrucción, ha sido elevada por la magistrada y por el fiscal a 434.158 euros.

El fiscal inicia su escrito de acusación argumentando que José Ángel Fernández Villa «ejerció una posición de dominio absoluto» en el sindicato y en la Fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), creada por el SOMA en 1992 «autonombrándose presidente» el exlíder minero y nombrando secretario a Castillejo.

El fiscal, como ya hiciera la jueza Simonet Quelle en su auto que cerraba la instrucción, insiste en que «de forma continuada» Villa «incorporó a su patrimonio» fondos del SOMA. Y lo hizo a través del cobro de cheques y mediante varias tarjetas de crédito que el sindicato había puesto a su disposición para gastos.

Para Enrique Valdés-Solís, Villa, «con intención de incorporar a su patrimonio» el dinero que recibiese el sindicato minero «y aprovechando su posición de absoluto control» de la entidad, «ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal o a sustraer el uso de los citados fondos conforme a su finalidad legítima».

Para el fiscal, ha quedado probado en la fase de instrucción que el exsecretario general del SOMA «incorporó a su patrimonio» personal las cantidades que Hunosa pagaba al sindicato en concepto de dietas por la asistencia de sus representantes en el comité intercentros. Estos pagos se hacían mediante cheques nominativos librados a nombre de Villa. Sin embargo, esos pagos no llegaron a los representantes del SOMA en el citado órgano, sino que el exlíder sindical «hizo suyos» los 243.462 euros que la empresa pública abonó mediante talones entre 1989 y 2001.

Hunosa, cambió a partir de 2001 el medio de pago de las citadas dietas. Dejó de emitir los cheques y las cantidades se realizaron mediante transferencia bancaria, en una cuenta que designó el sindicato. Según el fiscal del caso, Fernández Villa «adaptó a las nuevas circunstancias el originario plan de desvío de fondos, puesto que realizar las transferencias directamente a su cuenta, como hacía con los cheques, suponía un riesgo muy superior de ser detectado». De esta forma, prosigue en su escrito de acusación, Villa ordenó que las transferencias bancarias se realizaran a dos cuentas del SOMA-UGT -organización desgajada del SOMA-Fitag-UGT en 1994 para preservar el patrimonio preexistente del sindicato minero-, puesto que era en ella en la que «mantenía un control absoluto y a la que podría descapitalizar de manera más sencilla». Desde estas cuentas, Villa «haría suyas diversas cantidades» entre 2001 y 2012.

gráfico

Tarjetas de crédito

Tras el cambio de la forma de pago de las dietas de Hunosa, «y dado que la incorporación a su patrimonio» era de mayor dificultad, Villa utilizó los fondos del SOMA «como una cuenta personal de gastos -afirma el fiscal- en la que, además de los justificados, añadió otro personales». Para ello utilizó varias tarjetas de crédito que el sindicato había puesto a su disposición. A ellas, el exlíder minero cargaba gastos que «carecían de justificación y autorización». Estos gastos fueron desvelados por EL COMERCIO el pasado 12 marzo. Las facturas incluían la compra de flores, joyas, prendas de vestir, perfumes, puros, restaurantes, música, libros... Hasta multas de tráfico, huevos, turrones, vino y productos dietéticos. En total, fueron cargados a las cuentas del SOMA como gastos personales 86.982 euros entre 2001 y 2012.

El fiscal insiste en su acusación que a través de su «plan», Villa «hizo suyos» entre 1989 y 2012 un total de 434.158 euros. Por ello, y al considerar que se trata de un «delito continuado de apropiación indebida», solicita para el exsecretario general SOMA cinco años de prisión, diez meses de multa con una cuota de 150 euros y devolver al sindicato los 434.158 euros que a su juicio fueron desviados.

A Pedro Castillo le acusa de cometer un delito similar. Le reclama una pena de cárcel de tres años y seis meses, una multa de 30 euros diarios durante nueve meses y la devolución al Infide de 119.434 euros. Esta es la cantidad que, entiende el fiscal, «incorporó a su patrimonio» de los fondos de esta fundación entre 2004 y 2013.