El sindicato minero solicitará una pena de cárcel «similar»

  • El abogado de Castillejo recurre el auto que cerró la instrucción «porque no responde a criterios jurídicos, sino políticos»

El SOMA-Fitag-UGT tenía previsto presentar esta semana el escrito de acusación contra su exsecretario general y el exresponsable del Infide, sin embargo lo retrasará a la próxima semana. Así lo aseguró ayer el abogado del sindicato, Luis Llanes, del despacho de Ontier, quien explicó, no obstante, que ya ha empezado a redactar el documento.

El letrado explicó ayer a EL COMERCIO que el escrito acusación presentado por el fiscal «está muy bien argumentado» y afirmó que «coincidimos en que se ha cometido un presunto delito continuado de apropiación indebida».

La instrucción contra Fernández Villa se abrió a raíz de la denuncia interpuesta contra él en octubre de 2015 por el SOMA-Fitag-UGT. El sindicato le acusaba de haberse apropiado de 360.000 euros, cantidad que tanto la jueza instructora, Simonet Quelle, como el fiscal elevan en sus conclusiones a más de 434.000 euros. Aunque la acusación particular aún no tiene decidida las penas que solicitará, Luis Llanes adelantó que la línea que seguirán en su escrito de acusación será «similar» a la de la Fiscalía. «El límite es de seis años, pero creemos que el reproche debe ser proporcionado», explicó el letrado del sindicato minero.

Una vez cerrada la instrucción -hace siete días-, se afronta ahora un proceso de recursos ante el auto dictad por la magistrada Simonet Quelle. No obstante, y pese a que desde el despacho que representa legalmente al SOMA en este proceso cuentan con que tanto la defensa de Villa como la de Castillejo intentarán dilatar el proceso al máximo, «no creo que el inicio del juicio oral se demore más allá del primer trimestre de 2008».

«Desilusionante»

Para el otro acusado en el 'caso Villa', Pedro Castillejo, la pena solicitada por el fiscal -tres años y seis meses de prisión- era «esperada». Su abogado, Alfredo García López, fue muy crítico ayer con la labor de Enrique Valdés-Solís, que ha sido «desilusionante».

También fue crítico con la labor llevada a cabo por parte de la jueza Simonet Quelle durante la instrucción, «en la que no hemos tenido posibilidad de defensa». García López asegura que «reconocemos los gastos detallados, pero ¿cómo podemos justificar gastos de 2004? Se nos piden, después de trece años, facturas, pero es que ni las tenemos ni nos dejan acceder a la contabilidad del Infide y del SOMA, que es donde están y donde dice el informe pericial que sí las aportamos en su día, pero que, casualmente, se perdieron».

El letrado que representa a Pedro Castillejo insiste que para defender a su cliente «tenemos que ver la contabilidad y no nos dejan», por lo que no duda en afirmar que la instrucción de este caso «no responde a criterios jurídicos, sino políticos». Por ello, ha presentado un recurso al auto dictado por la jueza Quelle la pasada semana y advierte de que «no pararemos hasta que nos permitan acceder a la contabilidad del SOMA y del Infide».

18 meses de instrucción

El auto de la jueza Quelle y el posterior escrito de acusación por parte de la Fiscalía pone fin a 18 meses de instrucción del 'caso Villa', que arrancó con la denuncia interpuesta por el SOMA en octubre de 2015. La demanda fue fruto de la auditoría interna llevada a cabo por el sindicato desde que en octubre de 2014 se conociera que Anticorrupción investigaba a Villa por ocultar a Hacienda 1,4 millones de euros, que se detectaron después de que el exlíder minero se acogiera a la amnistía fiscal abierta por el Gobierno. Aquella auditoría la realizó el sindicato para determinar si esa cantidad pudiera haber salido de sus cuentas. El informe determinó un agujero de 360.000 euros, que durante la instrucción se elevó a más de 434.000 euros.