El Comercio

El segundo intento de reforma de la ley electoral asturiana, a punto de descarrilar

Reunión de la ponencia que aborda la reforma de la ley electoral asturiana, el pasado mes de febrero.
Reunión de la ponencia que aborda la reforma de la ley electoral asturiana, el pasado mes de febrero. / PABLO LORENZANA
  • La ponencia que aborda los trabajos en la Junta certificará este mes el bloqueo del proyecto y aguardará al resultado del diálogo en el Congreso sobre el régimen estatal

A la segunda tampoco será la vencida. La reforma de la ley electoral asturiana, que ya no prosperó la pasada legislatura, volverá ahora a descarrilar ante la falta de apoyos. En la reunión prevista para este mes, la ponencia que se encarga de los trabajos certificará el fin definitivo de la tramitación o -lo que parece más probable- su paralización, a la espera de lo que pueda dar de sí la subcomisión recién creada en el Congreso para abordar la revisión del régimen electoral general. El proyecto ha sido objeto de tantos cambios que resulta casi irreconocible e incluso sus promotores asumen que el margen de maniobra es nulo.

El cambio de la ley electoral ha sido uno de los grandes debates de los últimos años en la Junta. Una reivindicación histórica de IU que cogió vuelo después de las elecciones autonómicas de 2012, las que devolvieron al PSOE a la Presidencia regional en la persona de Javier Fernández poniendo fin al breve mandato de Francisco Álvarez-Cascos, a partir de la presión ejercida por el único y decisivo diputado de UPyD, Ignacio Prendes, hoy en Ciudadanos. Los trabajos avanzaron sobremanera la pasada legislatura y hubo un documento cerrado del que los socialistas se descolgaron en el último momento, con el argumento de que para su aprobación era necesaria una mayoría más sólida de la que existía, 23 escaños sobre 45. Aquello provocó la ruptura del acuerdo que daba estabilidad parlamentaria al Gobierno de Fernández, que quedó en minoría.

Lejos de olvidarse, el debate se mantuvo soterrado y se reavivó en esta legislatura, a instancias de IU, que lo incluyó en el acuerdo de investidura que facilitó un segundo mandato a Fernández. Se reactivó la tramitación a partir del proyecto que ya existía, pero en un clima político marcado por la tremenda fragmentación parlamentaria. Siendo la fuerza de los partidos promotores -la propia Izquierda Unida, el PSOE y Ciudadanos- insuficiente, y con el PP y Foro en una oposición frontal, la actitud de Podemos se revelaba decisiva. Pero la formación morada ha caminado en estos meses sobre el alambre, sin romper nunca la cuerda pero sin comprometerse tampoco con firmeza, lo que ha supuesto que la reforma nunca haya transmitido una sensación de auténtica solidez.

Pero los problemas de la ley electoral no han sido solo políticos. Del proyecto inicial se han ido cayendo piezas poco a poco. A instancias del informe de los servicios jurídicos de la Cámara, hubo que prescindir de planteamientos relevantes bien porque eran de competencia estatal, bien por problemas de inconstitucionalidad. Así se quedaron fuera las primarias obligatorias, los debates regulados, el voto anticipado, la sustitución de diputados...

Al final, el texto acabó centrándose en dos cuestiones: el desbloqueo de las listas y el diseño de un sistema de voto más proporcional que, manteniendo las tres circunscripciones, resultase más equilibrado. Pero ni por esas. Al final se concluyó que el resultado podría ser justo el contrario al que se buscaba, con las alas de Asturias, el oriente y el occidente, teniendo más peso que en la actualidad.

Necesaria unanimidad

Y este es el punto en el que la tramitación se encuentra ahora. Según fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara han señalado que, en vista de que el proyecto actual es tan distinto del inicial, es necesaria la unanimidad de los grupos parlamentarios para continuar con la tramitación. Y tal unanimidad, teniendo en cuenta el rechazo de Partido Popular y Foro y los recelos de Podemos, es a día de hoy una quimera.

Así que la reforma tiene a estas alturas poco recorrido. Sus promotores sopesan tres escenarios. Uno, el más factible, supone 'congelar' la ponencia a la espera de ver hacia dónde caminan los trabajos de la subcomisión del Congreso que se encargará de estudiar una posible revisión del régimen electoral nacional. Los otros dos, que conllevan un mayor coste político, pasan bien por retirar la iniciativa, bien por aceptar una votación sobre la continuidad del proyecto que se saldaría con una segura derrota. IU, PSOE y Ciudadanos deberán decidir ahora el rumbo a seguir.

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