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La Fiscalía concluye que el geriátrico pudo costar la mitad de lo que se pagó

El diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes asegura que «sin la firma del Principado, la obra no hubiera salido adelante»

PPLL

Domingo, 4 de junio 2017, 08:44

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Anticorrupción acusa a los responsables de la construcción del geriátrico de Felechosa de inflar el presupuesto hasta el doble de lo que debía ser el coste real de la obra. El informe que está en poder de la Fiscalía concluye que el equipamiento tenía que haber costado hasta 20 millones menos de lo que se pagó. Así lo hicieron constar Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa en el transcurso de los interrogatorios a los cuatro imputados que comparecieron el pasado jueves ante el juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y que quedaron en libertad con cargos tras su declaración. Se trata de una de las tres líneas de investigación que baraja la Fiscalía y que apunta a un posible pacto entre el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y su amigo y constructor, José Antonio Fernández, para hinchar precios y repartir comisiones. Según su teoría, la obra del geriátrico no debería superar los 15 millones de euros. Por todo ello, se les atribuye un delito de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsificación en documento mercantil y apropiación indebida.

El macroproyecto, financiado con fondos mineros, alcanzó un coste final de 32,5 millones, dos millones y medio más sobre el precio inicial del proyecto que se adjudicó a la empresa Alcedo de los Caballeros, propiedad de José AntonioFernández. Este sobrecoste oficial coincide con las fianzas que solicitó Anticorrupción como pago para evitar la entrada en prisión: 400.000 euros para el exasesor del Montepío José Manuel Fernández; un millón de euros para el constructor, y otro millón de euros para Postigo. Cantidades «nunca antes vistas en Asturias» y que sorprendieron a sus abogados. Según fuentes consultadas, es práctica habitual que las fianzas se fijen en función del enriquecimiento «ilícito».

Tras trascender estos datos los letrados aseguran que la Fiscalía se contradice: «O son 2,4 millones, o 20. Es de ciencia ficción». Con el informe que aporta la Fiscalía, entienden que su objetivo no era otro que «buscar magnitudes» para poder ocuparse directamente del caso.

Hay otras dos líneas de investigación de las que se conocerán más detalles a los largo de la próxima semana tras decretarse la apertura del secreto del sumario. Según la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil hubo un incremento artificial de las certificaciones en la construcción de la residencia, responsabilizando del desfase al expresidente del Montepío y al constructor. No es un argumento nuevo. La actual dirección de esta entidad ya lo puso sobre la mesa en repetidas ocasiones. Incluso se apuntó a un «baremo a la carta» para decantarse por Alcedo de los Caballeros.

A la adjudicación de la obra en marzo de 2009 se presentaron cuatro empresas con presupuestos que oscilaron entre los 19,9 de la UTE Dragados-Donsan y los 25,3 de la adjudicataria final. Tras estudiarlas, el informe técnico concluyó que la propuesta de Juan Antonio Fernández era la «más completa con unas calidades propias al centro a realizar». Para las otras tres estimaban sobrecostes de entre tres y cuatro millones de euros. Al final, Alcedo de los Caballeros recibió la puntuación más alta y contó con el apoyo unánime de toda la comisión: «el Principado, los sindicatos y ayuntamientos».

Con las obras ya ejecutadas, el Montepío encargó un informe técnico en que ya se expone que algunas actuaciones «no coincide lo ejecutado con lo proyectado y liquidado», mientras que en otros casos, añade, «hay obra proyectada que no está ejecutada, pero sí liquidada». Según las cuentas del Montepío, se cifra en dos millones de euros las irregularidades. Cantidad que ya ha reclamado al constructor, al arquitecto y al aparejador de la obra.

En contra de la versión que defiende el Gobierno regional desde que se conoció los entresijos de la Operación Hulla, el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes, señala directamente al Ejecutivo regional como uno de los responsables. «Sin el consentimiento del Principado a través del entonces consejero de Industria, sin la firma en la mesa no se podría haber señalado como proyecto singular y haberse financiado con fondos públicos». De ahí que insista en que su participación fue crucial para el proyecto y entienda que se pueden exigir responsabilidades para el entonces consejero de Industria.

Tribunal de Cuentas

Fue también Prendes el que en abril de 2015 presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía de Asturias y otra ante el Tribunal de Cuentas para que investigaran los hechos y determinaran si existía o no responsabilidad contable. «Me llamaron para personarme en el Tribunal de Cuentas, pero entendí que mi tarea política acabó ahí». El actual vicepresidente del Congreso formó parte de la Comisión de Investigación en relación con la gestión en Asturias de los Fondos Mineros puesta en marcha en 2014, tras estallar el caso Villa.

La tercera línea de investigación se refiere al pago de comisiones. La UCO tiene indicios de que las obras motivaron mordidas que podrían explicar el incremento patrimonial no justificado de Postigo, si bien siempre mantuvo que esa acusación «no son más que rumores».

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