Villa y Postigo acumularon al menos 2,3 millones de euros en dinero negro

Más de 2,3 millones de euros. Esa es la cifra que según los agentes de la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil llegaron a acumular el exlíder sindical del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo. En el caso de Fernández Villa, los agentes hablan de un incremento «inusual» del patrimonio que supera los 1,34 millones euros de los que en su día, tras acogerse a la amnistía en 2012, regularizó 1,2 millones. Los otros 149.000 euros corresponden a ingresos en efectivo en productos bancarios. Para el expresidente del Montepío, la cifra es algo inferior a la de Villa, si bien supone nada menos que 926.000 euros de los que aprovechó para legalizar, aconsejado por el exasesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, algo más de 426.000 euros.

Las investigaciones de la 'Operación Hulla' comenzaron a raíz de que el exlíder sindical, junto con su familia, buscaran dar salida legal a su dinero. Como justificación de la procedencia de esa fortuna echó mano de una herencia familiar, concretamente de su madre. Ni se lo creyeron entonces los agentes, ni se lo creen ahora. «Ni es coherente, ni esa cantidad guarda relación» alguna con lo que, con las cuentas en la mano y las declaraciones de sus hermanos, recibió tras la muerte de su madre. Ante la Guardia Civil explicaron que la cantidad heredada rozó los 30.000 euros. Y así lo comprobaron en el testamento de la madre de Villa, donde figuran los cinco hijos como «herederos universales». De hecho, existe un movimiento bancario del exsindicalista en 2011 en el que ingresó 28.904 euros, cifra próxima a esos 30.000 euros.

Tras un análisis exhaustivo de la UCO sobre las cuentas de Villa y de su familia (su mujer y sus dos hijos), concluyen que «existen indicios racionales» para entender que los fondos no provienen «de la actividad económica y laboral declarada» y tampoco «guardan coherencia ni tendrían vinculación con ingresos extraordinarios ni con ninguna herencia familiar». Tienen claro que existe un «supuesto» incremento patrimonial «inusual» que solo puede provenir de tres vías: del presunto cobro de contraprestaciones económicas por su actividad pública y sindical, por haberse favorecido económicamente de su puesto como secretario general del SOMA durante tres décadas con dietas del comité intercentros y su presunta apropiación de fondos de la organización, o por su relación con José Antonio Postigo, presidente entonces del Montepío y de las supuestas irregularidades durante el proyecto y la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa.

Otro de los principales investigados en la 'Operación Hulla' es Postigo, amigo personal de José Ángel Fernández Villa. Tras examinar sus movimientos bancarios, los agentes detectan un incremento patrimonial «injustificado, extraordinario y anómalo» y ponen en marcha una exhaustiva investigación que le lleva a desechar la teoría de que los 436.000 euros provienen de rentas que en su día no declararon y que Postigo justificó de la siguiente manera: 60.000 euros eran de su hija Patricia y el resto, 376.100 euros, eran suyos. De «un dinero que tenía en casa».

Los agentes tumban su argumento. Y lo hacen punto por punto. Por un lado dicen que «en el hipotético caso de que los reintegros se hubieran guardado en casa de Postigo en lugar de utilizarlos para el pago de gastos corrientes en el día a día, en ningún momento se podría justificar esa cantidad»; por otro, en que no se trata solo de 436.000 euros, sino que hay que sumar casi otros tantos más hasta alcanzar los más de 926.000 que le calculan en dinero negro; que en ningún caso se puede imputar a su hija los 60.000 euros, sino que «pertenecen a Postigo», y por último, clave en la investigación, entran a analizar la gestión del Montepío. Aclaran que aunque «no se ha detectado un flujo directo de los fondos desviados del Montepío o pagos directos de proveedores de la mutualidad a las cuentass», sí existe un incremento «injustificado». De su actividad, consideran que queda acreditada la «presunta gestión fraudulenta de fondos de mutualidad beneficiando al constructor Juan Antonio Fernández, concretamente «a su entorno societario» y apuntan a que podría ser ese «el canal utilizado por Postigo para recibir los frutos de la gestión fraudulenta de esos fondos» que regularizó en 2012. Es más, matizan que «no parece lógico que todo el dinero desviado a Juan Antonio Fernández terminara repercutiendo positivamente y únicamente en este, sin recibir ningún beneficio Postigo». Una hipótesis que toma fuerza en la investigación tras detectar «un elevado manejo de efectivo».

De hecho, hablan de 936.000 euros, pero apuntan a que en realidad la cantidad de origen desconocido puede ser «muy superior». No existen movimientos bancarios diarios para pagos normales como la luz, el agua o cualquier otro gasto corriente, no se sacó dinero con las tarjetas, ni tampoco en efectivo en una de las cuentas principales de Postigo. Todo apunta a que para afrontar estos pagos del día a día echase mano de otro dinero «de origen desconocido» y que en ningún caso se puede justificar con «percepciones o rendimiento bien por su trabajo o la de su entorno como su exmujer, hijas y su actual pareja».

Igual que dudan que pueden tener otras vías para finalizar los gastos diarios, los agentes no se creen que, como declaró Postigo durante la amnistía, parte del «dinero que tenía en casa» corresponde a su familia y, más concretamente, 60.000 euros a su hija. Es la Agencia Tributaria quien señala, además, que el matrimonio no podía acogerse a la amnistía fiscal de Montoro.

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