El Montepío se persona en el 'caso Hulla' y reclama dos millones a la trama de Villa y Postigo

El Montepío de la Minería ha aprobado esta mañana la decisión de personarse como parte interesada, como perjudicada y como acusación penal, en el 'caso Hulla', que instruye la juez Begoña Fernández, a la vez que refuerza la reclamación ya abierta en sede judicial el constructor del geriátrico de Felechosa, el arquitecto y el aparejador, que conformarían la trama liderada por José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo.

Las medidas a emprender «de manera inmediata» han sido acordadas por la Comisión Regional del Montepío (órgano de dirección de la Mutualidad) en una reunión celebrada en Oviedo en la que también se ha autorizado al presidente, Juan José González Pulgar, a «realizar las gestiones necesarias para hacer efectiva la personación de otras entidades del Grupo como partes perjudicadas en la causa penal». Asimismo, se ha acordado que la representación legal de la entidad corra a cargo del penalista Miguel Ruiz, con la colaboración de Pablo Pérez.

En cuanto a la reclamación de dos millones de euros, la entidad recuerda que se trata de la cifra «final» que resulta de «la suma de incumplimientos flagrantes detectados» en el proyecto del geriátrico de Felechosa. Esta reclamación contra el constructor, el arquitecto y el aparejador de la obra fue llevada a los tribunales a finales del pasado año.

En el marco de la operación Hulla, el pasado 29 de mayo fueron detenidos Postigo, el propietario de la constructora que ejecutó la obra del geriátrico, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor fiscal de la mutualidad, Jose Manuel Fernández, que, tras prestar declaración, quedaron en libertad provisional sin fianza. La jueza, que también investiga al ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y a su entorno familiar y al de Postigo, imputa a los implicados los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de subvenciones, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación.

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