Villa compró un piso a su hijo y abrió un plazo fijo con parte del dinero de la amnistía fiscal

José Ángel Fernández Villa invirtió 100.000 euros de los 1,2 millones regularizados en la amnistía fiscal de Montoro en 2012 a comprar en 2015 un piso en la calle de General Elorza de Oviedo para su hijo Rolando Fernández. La transferencia para la adquisición de este inmueble en la céntrica calle de la capital asturiana la hizo, en realidad, el propio Rolando Fernández con cargo a una cuenta bancaria a su nombre en la que tenía un saldo de 298.366 euros. No obstante, según consta en la instrucción del 'caso Hulla', este montante forma parte del dinero regularizado por su padre en la amnistía fiscal. Aquellos 1,2 millones se repartieron en cuatro cuentas bancarias: una a nombre del propio Villa, donde se ingresaron 500.000 euros; otra con María Jesús Iglesias como titular, con 400.000 euros y las otras dos cuentas, con 150.000 euros cada una, para sus hijos Rolando y Ángela.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil determinan que buena parte del dinero aflorado a nombre de Rolando -que se quedó en 135.792 euros tras liquidar los impuestos- se utilizó para la compra de este inmueble en marzo de 2015. Esto es, cinco meses después de que, en octubre de 2014, se hiciera público que el ex secretario general del SOMA había acudido a la amnistía fiscal, que la Fiscalía Anticorrupción le estaba investigando y de que comenzase a ser denostado por propios y extraños.

Se sabe igualmente, según el informe de la UCO que analiza el estado patrimonial de Villa y su entorno fiscal más cercano, que la familia también utilizó los fondos regularizados para la suscripción de imposiciones a plazo fijo «que les han generado beneficios económicos». Estos dos aspectos evidencian, a juicio de los investigadores, «operativas típicas» ligadas al proceso de blanqueo de capitales del que ahora se acusa no sólo a Villa, sino también a su esposa e hijos tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

La investigación policial constata otras muchas «evidencias» de la comisión de este delito. La primera, se enumera en el informe, que se da por descartado que las cantidades que se presentaron durante la regularización fiscal se hubiesen generado a través de las percepciones recibidas por la actividad profesional de los cuatro miembros de la familia, ni tampoco como beneficios por la venta de bienes legítimos que pudieran haber tenido en su haber. Pero, además, llaman la atención de los investigadores las importantes sumas de dinero en efectivo que la familia habría utilizado, durante los años previos a la regularización de su fortuna oculta, tanto para realizar ingresos en cuentas bancarias como para pagar compras de bienes. Pero también, advierten, para los gastos ordinarios del día a día.

Sobre este último aspecto hacen especial énfasis los investigadores. Subrayan que no hay constancia en la actividad bancaria de la familia del pago de «gastos corrientes y habituales» en la vida cotidiana de cualquier persona. Un extremo que la Guardia Civil atribuye al hecho de que la familia del exsindicalista -con la excepción del hijo, Rolando, que sí tiene en sus cuentas cargos de gastos ordinarios- habría pagado durante los últimos años prácticamente todas sus compras diarias con dinero en 'b'. Debe recordarse en este punto, no obstante, que tal y como se desveló durante la instrucción de la querella interpuesta contra Villa por el SOMA -ahora en fase de juicio oral-, el exsindicalista habría cargado como gastos de representación al sindicato que lideró durante más décadas todo tipo de compras de índole personal.

El informe emitido por la Agencia Tributaria anota, en este sentido, que «existen muchos periodos de tiempo en los que se desconoce cómo Villa financia sus gastos del día a día en alimentación, ropa y calzado, droguería, gasolina....». Y esto porque, recoge el documento que forma parte del sumario de 'caso Hulla', no existen cargos de este tipo a las cuentas bancarias en las que el exsindicalista aparece como único titular, ni tampoco prácticamente ningún reintegro en efectivo durante años. De hecho, en cinco años (exactamente entre enero de 2007 y enero de 2012) únicamente sacó dos veces dinero: 1.000 euros en mayo de 2007 y otros 2.404 en noviembre de 2008.

Similar informe realiza la Agencia Tributaria en relación a las cuentas en las que María Jesús Iglesias aparece como titular. En el caso de la mujer de Villa, los únicos reintegros en efectivo que realizó en el periodo comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2013 son de 50 y 300 euros. Ambas salidas fueron en 2011.

La UCO también ve indicios de delito de blanqueo de capital por el hecho de que la familia realizara en aquella época ingresos en efectivo en productos bancarios y comprase, también en metálico, determinados bienes de alto valor, entre ellos, dos vehículos. En total sumarían otros 149.630 euros que, igual que los 1,2 millones regularizados, la UCO mantiene que «no tendrían relación con la actividad profesional desarrollada» por los integrantes de la familia. Concretamente, José Ángel Fernández Villa habría ingresado en productos bancarios 59.727 euros, María Jesús Iglesias otros 5.000 euros, Rolando Fernández habría realizado un ingreso en efectivo de 18.000 euros para la compra de un vehículo marca Volkswagen, modelo Passat, y su hermana Ángela habría utilizado 54.903 euros para hacerse con productos bancarios y otros 12.000 euros para la compra de un vehículo.

«Un papel destacado»

La UCO no parece tener dudas sobre el origen presuntamente ilícito del dinero regularizado por el ex secretario general del SOMA. Los investigadores resuelven en su informe que Villa habría jugado «un papel destacado» en todo el proceso por el que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón concedió la subvención de 30,9 millones al Montepío de la Minería para la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. «El conjunto de excepcionalidades que se dieron durante la tramitación de la subvención y durante la ejecución del proyecto de la residencia, unido al papel decisivo que jugaron tanto José Ángel Fernández Villa como José Antonio Postigo, confiere a este proyecto, a juicio policial, uno de los posibles orígenes del presunto incremento patrimonial irregular» del exlíder sindical.

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