El Comercio

La Fiscalía reclamó dos veces al Gobierno central el control que realizó de la obra del geriátrico

Postigo, a la izquierda, con el constructor Juan Antonio Fernández, en la lavandería de la residencia, en la presentación, en 2011.
Postigo, a la izquierda, con el constructor Juan Antonio Fernández, en la lavandería de la residencia, en la presentación, en 2011. / J. C. ROMÁN
  • La jueza, Begoña Fernández, pide que se investiguen los correos del gerente y del jefe de Infraestructuras del IRMC entre 2008 y 2014

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace ya dos años al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) el informe que certifique que existió un control sobre los 27,6 millones de euros que concedió al Montepío de la Minería para financiar la obra del geriátrico de Felechosa. Lo reclamaron en junio de 2015 y en lugar de la documentación, la respuesta que recibió la Fiscalía de este organismo dependiente del Ministerio de Industria fue que «todavía no se ha llevado a cabo».

Un año y medio después, en diciembre de 2016, la Fiscalía insiste al IRMC y remite de nuevo la petición. Entonces le recuerda que desde que concedió la ayuda tiene la «obligación» de comprobar en qué utilizó el Montepío esos fondos y comprobar que efectivamente los han destinado a la residencia. No es la primera vez que sale a luz esa falta de control. Otras administraciones, sindicatos y políticos ya la dejaron caer durante las declaraciones ante los agentes de la Guardia Civil desde que comenzó la 'operación Hulla'. Ahora, es Anticorrupción quien lo hace.

Tras este primer informe de diciembre de 2016 de Fiscalía, hay un segundo aún más reciente. Es del 14 de marzo de 2017 en el que da un paso más y, en sus conclusiones, señala directamente que «el IRMC no efectuó» esa comprobación. Y añade que es la ley la que le obliga a realizar ese control y a elaborar un plan con los resultados.

No es el único documento que reclama Anticorrupción. Exige al Montepío de la Minería que justifique la procedencia de 10,7 millones de euros, que es la diferencia que, según consta en su informe, existe entre lo que costó la obra y la subvención que se abonó. En un principio, el Ministerio de Industria, del que depende el IRMC, concedió al Montepío fondos por importe de 30,9 millones de euros. Salvo el último pago de 3,3 millones de euros que quedó pendiente -los responsables del Institutu cambiaron con el Gobierno de Rajoy y, según explican, decidieron no abonarlo al ver irregularidades- el resto, se ingresó religiosamente en la cuenta del Montepío. Cinco pagos anuales desde 2009 hasta 2012. El primero fue el 22 de febrero y la cantidad que recibieron las arcas de la mutualidad fue de 8,3 millones de euros. Las obras ya habían comenzado antes. Ese es otro de los motivos que, según la investigación, indica que incluso antes de que dieran el visto bueno a la ayuda, el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, ya daba por hecho que la iban a conceder.

El intermediario en todo el proceso fue el exasesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, pieza clave además en la regularización de los 1,2 millones de euros de José Ángel Fernández Villa y de los 436.000 euros de José Antonio Postigo. Fernández era quien enviaba las certificaciones y las facturas al IRMC. En los mails se observa un tono que evidencia un relación más allá de lo estrictamente profesional (llegaron a gastar bromas con la rapidez que estaban llevando a cabo los trámites comparándolo con el piloto Fernando Alonso).

Ahora, la jueza de Instrucción número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, reclama que se investiguen los correos de Carlos Fernández Álvarez y Manuel Gómez-Cano Hernández, gerente y jefe de Infraestructuras del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), entre los años 2008 y 2014.

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