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ANA MORIYÓN
OVIEDO.
Jueves, 19 de octubre 2017, 02:49
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José Ángel Fernández Villa no podrá tocar, al menos de momento, el millón de euros que tiene, junto a su esposa, María Jesús Iglesias, repartido en varias cuentas y depósitos. Tampoco podrá disponer, enajenar o gravar los numerosos inmuebles que tienen en propiedad. Por no poder, así lo confirmó la Audiencia Provincial, no podrá beneficiarse del vehículo que figura a su nombre, aunque fue financiado por el SOMA.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias acaba de desestimar el recurso interpuesto por la defensa del exsecretario general del SOMA contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por el que se acordaban medidas cautelares de carácter patrimonial en el marco de la instrucción del 'caso Hulla'. Los tres magistrados entienden que existen «indicios de criminalidad» suficientes que relacionan el «inusual incremento patrimonial» experimentado por el exlíder sindical y su familia con un «presunto desvío de fondos públicos» obtenidos por el Montepío de la Minería para la construcción la residencia de mayores de Felechosa. El auto judicial confirma de esta forma las medidas impuestas por el juzgado de instrucción, consistentes en el «embargo y bloqueo de las cuentas y demás productos financieros» pertenecientes tanto a Villa como al resto de las dieciséis personas investigadas por esta causa, en cuantía superior a 6.000 euros; así como la «prohibición de disponer enajenar o gravar, respecto de los bienes inmuebles que figuran inscritos a su nombre». En su caso, tal y como recoge el auto judicial, se trata además de numerosos inmuebles y de «saldos muy elevados» que no se corresponden con ninguna herencia familiar, en contra de lo declarado por Villa, según «se ha puesto de manifiesto en la investigación patrimonial llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil».
Villa dispone en el Banco Sabadell de un depósito de 450.000 euros que había ofrecido ya para hacer frente a la fianza derivada de la apertura del juicio oral por el conocido como 'caso Villa', cuya instrucción se desarrolló en el Juzgado de número 2 de Oviedo a raíz de una denuncia interpuesta por el SOMA y por la que la Fiscalía pide para Villa cinco años de cárcel. Al bloqueo de esta cuenta hay que añadir ahora el resto de su patrimonio como medida cautelar en el 'caso Hulla'. Quedan embargadas, pues, el resto de las cuentas y depósitos que él y su mujer tienen en el Sabadell, Liberbank y Caixabank, además de los 28.000 euros que fueron hallados durante el registro de su domicilio, sumando algo más de un millón de euros. El auto judicial aclara, no obstante, que la pensión de jubilación «no ha quedado afectada por el bloqueo».
La Audiencia rechaza así uno a uno los argumentos esgrimidos por la letrada Ana García Boto para recurrir el auto de la jueza de instrucción y que se basaban en la «inexistencia de indicios determinantes» sobre la participación de Villa en la comisión de los delitos, alegando también que los bienes embargados «no guardan relación con los hechos investigados» y que, además, fueron adquiridos con anterioridad. La defensa entiende «desproporcionadas» las medidas cautelares, pero los magistrados responden que es «irrelevante» la fecha en la que se adquirieron tales bienes y que las medidas adoptadas guardan «plena proporción».
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