Avance hacia una ley de Transparencia que contempla la denuncia anónima

Los grupos dan pasos hacia un consenso pero dejan para el final los puntos más complicados, como la creación de la oficina anticorrupción

A. SUÁREZ OVIEDO.

Atascada desde la pasada legislatura y sin avances decisivos en la primera mitad de esta, la ley de Transparencia es objeto de especial interés para el Gobierno y los grupos parlamentarios en el año y medio que resta hasta las elecciones autonómicas de 2019. Los contactos se han intensificado en las últimas semanas y el diálogo, a partir de la incorporación de las enmiendas de los distintos partidos que podrían ser asumidas por una mayoría, comienza a dar sus frutos. Empieza a articularse ya un primer borrador que contempla, entre otras cosas, la posibilidad de la denuncia anónima, un planteamiento de Podemos que tanto el Ejecutivo como IU, que recelan de esa vía, han aceptado en pro de un consenso.

A este documento base se ha llegado por la vía de ir sumando aquellas enmiendas registradas por los grupos parlamentarios que generan el mayor consenso posible. Un primer paso relevante, señalan fuentes próximas a ese diálogo. En caso de que ese borrador inicial consiga el respaldo suficiente, como parece que así será, se abordarán los asuntos que resultan más espinosos.

Entre ellos está, por ejemplo, la regulación de los lobbies, con varios planteamientos sobre la mesa. O la creación de una oficina de lucha contra la corrupción, también con varias tesis contrapuestas. La de Podemos vincularía directamente este órgano a la Junta General y en ningún caso al Gobierno. IU, mientras, incide menos en la dependencia del ente pero quiere que sea eficaz y operativo y teme que el formato que defiende la formación morada no cumpla esos requisitos. De por medio también está la iniciativa de Ciudadanos de refuerzo de la inspección de servicios.

Sobre la mesa ya hay un borrador con los ejes del proyecto susceptibles de generar acuerdos

Son estos algunos de los grandes escollos a salvar para favorecer que Asturias apruebe una ley de Transparencia antes de que finalice la legislatura y se ponga fin a un debate que lleva varios años atascado en la Junta General. Su impulso daría aire a un Gobierno plano en materia legislativa pero también revitalizaría un Parlamento regional carente de acuerdo en estos más de dos ejercicios de trabajo, con el desgaste que ello conlleva.

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