Los concejos buscan una fórmula legal para no devolver las ayudas de empleo

Los concejos buscan una fórmula legal para no devolver las ayudas de empleoGráfico

La FACC advierte de que «ejercitaremos todas las acciones legales que sean necesarias para que este asunto se vea solucionado»

D. FERNÁNDEZ / I. VILLAR GIJÓN.

Tienen inmovilizados por Hacienda más de 435 millones, que provienen del superávit que han generado en los últimos seis años, y ahora pueden ver mermada aún más su capacidad financiera. Los planes de empleo puestos en marcha en 2014 y 2015 pueden resultarles muy caros a 21 ayuntamientos de la región, a quienes el Principado les pide la devolución de las subvenciones concedidas al respecto tras las sentencias judiciales por los contenciosos interpuestos por los beneficiarios de esos planes. La cuantía total que reclama el Gobierno regional es de unos tres millones de euros.

Los municipios a los que se les reclama la devolución de las subvenciones son Avilés, Corvera, Cudillero, Gijón, Grado, Langreo, Lena, Llanes, Llanera, Mieres, Noreña, Oviedo, Piloña, Ponga, Pravia, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa. Todos ellos ya han advertido de que esa reclamación les supondrá un importante problema de tesorería. La reclamación de las ayudas vienen a raíz de las resoluciones judiciales que obligaban a los ayuntamientos a admitir como plantilla a los beneficiarios de esos planes de empleo. El Gobierno regional, en base a sus propios informes jurídicos, está obligado a reclamar esas subvenciones, puesto que de esas sentencias se desprende que los usuarios de estos programas no cumplieron los requisitos por los que se habían concedido.

Esta situación ha hecho saltar las alarmas en el seno de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que será abordada durante la reunión de la comisión de Empleo de esta tarde. El presidente de esta entidad y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, mostró ayer el sentir de los ayuntamientos afectados y aseguró que la FACC coordinará las acciones que los municipios lleven a cabo. «Tendremos que ejercitar todas las acciones legales que sean necesarias para que este asunto se vea solucionado», dijo el regidor naviego. «No podemos ser los ayuntamientos los que paguemos el pato», añadió, recordando que en los planes de empleo participaban también las administraciones autonómica, del Estado y la Unión Europea. «Nosotros solo éramos el último elemento colaborador de la cadena», recalcó.

La reunión de esta tarde de la comisión de Empleo de la FACC es previa a la que mantendrán mañana los ayuntamientos afectados con el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola. García Palacios cree que desde el Gobierno regional hay buena disposición para buscar una «solución jurídica» que evite la devolución de esas ayudas. «Estoy convencido de que el Principado no tiene ninguna gana de hacer estas reclamaciones y buscará la fórmula para que llegue a ejecutarse», dijo el presidente de la Federación Asturiana de Concejos.

«Cuestión delicada»

El Ayuntamiento de Gijón es uno de los afectados por esta situación. El concejal de Urbanismo y Desarrollo económico, Fernando Couto, reconoció ayer que el Principado ya les ha enviado la notificación de la devolución de las subvenciones, «sorprendentemente vinculadas a aquellos casos en los que hubo sentencias judiciales contrarias» al Ayuntamiento. «Es una cuestión delicada y extraña y los servicios jurídicos ya la están valorando», añadió.

Couto recordó que los planes de empleo se pusieron en marcha con unos criterios «que en su mayor parte venían impuestos por el Gobierno de Asturias» y se preguntó que «si los trabajadores fueron al juzgado y les hubo que liquidar, ¿ahora también tenemos que devolver el dinero a quien nos obligó a ejecutar esas bases? Es un galimatías que tenemos que ir viendo estos días».

Estas reclamaciones también se han colado en la negociación de presupuestos regionales. Izquierda Unida dejó claro el pasado viernes que no los apoyaría si el Gobierno regional mantenía la reclamación de estas subvenciones. La respuesta desde el Principado fue que los planes de empleo no serían un problema en la negociación.

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