La 'congelación' del impuesto de Patrimonio compromete 20 millones para Asturias

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto en Madrid a finales de diciembre. / EFE / J. LIZÓN
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto en Madrid a finales de diciembre. / EFE / J. LIZÓN

La falta de presupuestos de 2018 impide al Gobierno central ampliar la vigencia del tributo, como venía haciendo hasta ahora, y alimenta la incertidumbre; aún tiene margen para recuperarlo

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

El impuesto de Patrimonio, suprimido en 2008 en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, fue recuperado por el Gobierno de Mariano Rajoy con carácter «temporal» tras su llegada al poder y ha ido prorrogándose año a año, sin excepción. Hasta ahora. El Ejecutivo no ha renovado la vigencia del tributo para 2018, lo que supone que, en la práctica, no existe. Aún tiene margen para hacerlo y confía, entre otras opciones, en aprovechar la aprobación de los presupuestos de este ejercicio, que intentará sacar adelante en los próximos meses con el apoyo del PNV. Con todo, la 'congelación' del gravamen ha provocado incertidumbre en las comunidades por la merma recaudatoria que les supondría su supresión. En 2016, último ejercicio cerrado, obtuvieron por esta vía 1.257 millones de euros. En el caso de Asturias fueron 21 millones.

Es un hecho que la compleja situación política y por tanto presupuestaria, con un Gobierno central que no ha conseguido aprobar sus cuentas para este año, aunque confía en hacerlo pronto, está provocando vaivenes e incertidumbres. Y las comunidades autónomas son una de las administraciones que más está notando esa indefinición. A principios de año trascendió que el Ministerio de Hacienda ha retenido las cantidades extra que las regiones iban a recibir de la financiación autonómica por la mejora de la economía. En el caso de Asturias, 116 millones, que quedan pendientes de que el Ejecutivo de Rajoy sea capaz de sacar adelante sus presupuestos. A esto hay que añadir también la situación del impuesto de Patrimonio, aunque el impacto de su posible eliminación no se notaría en las cuentas asturianas de este año sino en las de 2019.

Aunque predomina la sensación de que al final habrá una solución y que el Gobierno central revalidará en plazo la vigencia del impuesto, lo cierto es que entre los gobiernos autonómicos gana terreno la incertidumbre.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda siempre había tramitado con diligencia la renovación de Patrimonio. También podía haberlo hecho con vistas a 2018, no a través de los presupuestos al no haber podido aprobarlos, pero sí a través de un real decreto, como hizo con otras decisiones fiscales que impulsó antes del cierre del pasado ejercicio. Pero no lo hizo.

La aportación del impuesto de Patrimonio a las arcas autonómicas no es menor. Fueron 1.257 millones en 2016, último ejercicio liquidado. De esa cantidad una mayoría correspondió a Cataluña, 495 millones. En el caso de Asturias los ingresos en ese año ascendieron a 21 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los datos son muy variables. En los presupuestos de 2017, que ahora se van a prorrogar, el Principado estimaba una recaudación de 18,9 millones. Y para 2018, las cuentas que no llegaron a cuajar calculaban unos ingresos de 17,5 millones. Cifras siempre provisionales, teniendo además en cuenta en relación con este año que, como el Gobierno central, el regional también está en prórroga.

Cuestión de semanas o meses

Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas, a la espera de ver si el Gobierno central es capaz de amarrar el decisivo apoyo del PNV a las cuentas y aprovecha para incluir la prórroga de Patrimonio. Esta figura fiscal es también objeto de debate en el marco del proceso de reforma de la financiación autonómica, atascado ante la perpetua indefinición de la situación política generada en Cataluña.

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