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Cristóbal Montoro, ayer. EFE
El Congreso aprueba la renovación del cupo más contestado de la democracia

El Congreso aprueba la renovación del cupo más contestado de la democracia

Ciudadanos y Compromís rechazan el pacto entre los gobiernos de Rajoy y Urkullu y Bildu opta por la abstención

MARÍA EUGENIA ALONSO

MADRID.

Viernes, 24 de noviembre 2017, 07:41

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El Congreso aprobó ayer la actualización de las leyes del concierto económico vasco y del cupo para los próximos cinco años, una 'rara avis' en el entramado autonómico que se debe al régimen foral de País Vasco, que como Navarra tiene cedidas más competencias y realiza su propia recaudación de impuestos. Lo hizo en un debate exprés, bronco y de acusaciones cruzadas entre PP, PSOE y Ciudadanos.

Hasta ahora el modelo vasco de financiación superaba el trámite parlamentario sin ninguna oposición, pero esta vez se enfrentó a la abstención de Bildu y el rechazo del 10% de la Cámara, el que suman los 32 diputados de la formación de Albert Rivera y los cuatro de Compromís. Dos partidos muy diferentes, situados prácticamente en las antípodas ideológicas pero que coinciden en que la financiación de todas las comunidades autónomas debería estar recogida en la Carta Magna, y no sólo la de los territorios forales con el fin de evitar el «mercadeo» del Gobierno de turno.

  • 950 millones de euros será la aportación del País Vasco al Estado este año.

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de defender los dos proyectos de ley. «Cuando hay lealtad y respeto a las instituciones cualquier acuerdo es posible», remarcó el ministro, en una alusión al proceso independentista, que ayer volvió a sobrevolar la Carrera de San Jerónimo.

Frente al malestar generado por anteponer la financiación vasca a la reforma del sistema de financiación autonómica, Cristóbal Montoro realizó un esfuerzo retórico por justificar las dos normas subrayando su constitucionalidad y contribución a la estabilidad económica de la economía vasca y española y explicando a sus señorías qué es el cupo o cómo es el sistema tributario en el País Vasco.

Pero ni la rotunda defensa que el ministro de Hacienda realizó de las dos normas ni la soledad parlamentaria arrugó al líder de Ciudadanos, que arremetió duramente contra el Gobierno y el «cuponazo» por incrementar la desigualdad entre los españoles. «No estamos dispuestos a callar y a mirar hacia otro lado», espetó Rivera a Montoro.

El dirigente liberal tiró de datos de Hacienda para explicar la «injusticia» del cupo. Aseguró que el País Vasco, con la segunda renta per cápita, recibe 3.387 millones de euros según el cálculo anterior del cupo mientras Madrid aporta 19.205 millones a la solidaridad interterritorial; Cataluña, 9.892 millones; y Valencia, 1.735 millones. «Este cupo no responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político», lamentó Rivera, que sólo encontró un apoyo parlamentario para sus tesis, el de Compromís.

Los valencianos se declararon «hartos» de que el «eje económico» pase siempre por Madrid, Cataluña y el País Vasco y reivindicaron sus derechos en materia económica. El resto de grupos cerraron filas. Entre otros motivos, porque el acuerdo apareció en el Congreso como el ejemplo a seguir en Cataluña.

«Oportunista»

El diputado del PDeCAT, Ferran Bel, lamentó que «Ciudadanos no reconozca la diversidad» y el del PP, Javier Maroto, tachó de «oportunista» a Rivera y dio a entender que la formación naranja está en contra del cupo porque no tiene representación en el País Vasco. Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, negó que Euskadi esté «sobrefinanciada» y recordó que los ciudadanos de este territorio «pagan más impuestos que otros».

Para frenar los recelos, el ministro Montoro se comprometió a impulsar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica para las comunidades de régimen común con el objetivo de poder llegar a un acuerdo político en 2018. El portavoz socialista, Pedro Saura, se mostró abierto a esta negociación después de haber criticado la «desidia» y la «nula voluntad política del Gobierno del PP de haber impulsado la reforma en el 2017, tal como se comprometió Mariano Rajoy ante la Conferencia de Presidentes a principios de año.

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