Los consistorios acudirán a la vía judicial para no devolver las ayudas al empleo

Representantes de los ayuntamientos afectados se reunieron ayer con el consejero Isaac Pola. / PABLO LORENZANA
Representantes de los ayuntamientos afectados se reunieron ayer con el consejero Isaac Pola. / PABLO LORENZANA

La FACC unificará las defensas de los concejos afectados y negociará con el Principado una «alternativa compensatoria»

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Los 21 ayuntamientos afectados por la resolución de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo que obliga al Gobierno autonómico a reclamarles la devolución de las subvenciones concedidas en relación a los planes de empleo, como consecuencia de una denuncia interpuesta por representantes sindicales de CC OO, harán frente común ante el Principado. Así lo comunicaron representantes de estos ayuntamientos al máximo responsable de Industria y Empleo, Isaac Pola, en un encuentro celebrado en la tarde de ayer en la consejería. Los ayuntamientos están dispuestos a agotar la vía administrativa, inicialmente, y acudir posteriormente a la judicial, y cuentan para ello con el respaldo y el asesoramiento de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Será ésta quien se encargue de la defensa conjunta de los 21 consistorios afectados, a los que el Principado reclama la friolera de tres millones de euros. «Vamos a recurrir el primer escrito alegando las razones jurídicas que consideramos y luego presentaremos los recursos correspondientes», avanzó ayer el presidente de esta entidad y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios. Los ayuntamientos harán de esta forma frente común al Principado, conscientes además de que la administración autonómica no tiene margen de maniobra y se limita a cumplir el mandato de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

La hoja de ruta acordada por los ayuntamientos afectados, explica García Palacios, busca principalmente «ganar tiempo» para que la devolución de estas ayudas, correspondientes a las convocatorias de 2014 y 2015, no sea inminente y afecte a los presupuestos de 2018. El Ayuntamiento de Oviedo, el más perjudicado cuantitativamente, tendría que devolver un millón de euros; mientras que a Mieres se le reclama medio millón, lo que supondría un desfase importante en sus cuentas.

Agotando la vía administrativa y la judicial, los ayuntamientos consiguen ganar tiempo, además, para abrir una vía de negociación con el Principado con el objeto de buscar «posibles alternativas compensatorias» que, de alguna manera, sirvan para reparar el daño económico que la devolución de estas ayudas supondrá a los consistorios, en el caso de que no consiga evitarse. García Palacios entiende que existe «voluntad» por parte del Gobierno regional de alcanzar un acuerdo en este sentido. Un compromiso que, por otra parte, fue adquirido esta misma semana por parte de la Federación Socialista Asturiana con IU.

Buscan ganar tiempo para que el reembolso del dinero no afecte a las cuentas de 2018

Desde la FACC insisten en que es responsabilidad del Principado que estos planes de empleo no generen inseguridad jurídica a los ayuntamientos que los ponen en marcha y para ello, insisten, es necesario recuperar un modelo de contrato específico para la inserción laboral. Ya se ha conseguido, gracias en parte a la presión realizada por la FACC, que en las últimas convocatorias se eliminara la cláusula que obligaba a los consistorios a devolver el importe de la subvención si se detectaban irregularidades, tal y como sucedió en las convocatorias de 2014 y 2015.

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