El crédito del Principado destina 45 millones a deuda y 15 al salario social

El crédito del Principado destina 45 millones a deuda, 15 al salario social
Mercedes Fernández y Dolores Carcedo conversan en los pasillos de la Junta, durante una sesión plenaria. / ÁLEX PIÑA

El Gobierno negocia a varias bandas para encajar intereses cruzados y ve margen para aprobar el proyecto; Fernández pide «responsabilidad» a los grupos de la oposición

Andrés Suárez
ANDRÉS SUÁREZGijón

El Gobierno asturianol negocia a varias bandas para tratar de sacar adelante el crédito extraordinario orientado a mitigar el impacto de la prórroga presupuestaria. Una operación compleja porque ha de conciliar los intereses de fuerzas políticas de ideología diversa, pese a lo cual en el seno del Ejecutivo hay optimismo y se ve margen para aprobarlo en las próximas semanas. El presidente del Principado, Javier Fernández, pidió ayer en la Junta General «responsabilidad» a los grupos de la oposición para que así sea. En estos momentos se discute sobre un borrador que asciende a 111,3 millones de euros, de los que la mayor parte, 45 millones, se destinan a amortización de deuda. El salario social, con 15 millones, es otra partida cuantiosa, mientras que la inversión más relevante tiene que ver con la ampliación y reforma del hospital gijonés de Cabueñes, que se lleva 1,5 millones.

Corre ya el mes de marzo, así que al Ejecutivo empiezan a apremiarle las prisas porque, sobre todo en el capítulo de inversión, la tramitación de las obras lleva su tiempo. El borrador que ahora está sobre la mesa ha sido ya objeto de numerosas modificaciones desde su primera redacción. El acuerdo con IU, solo a falta de flecos, está prácticamente atado. Y la realidad es que, en las actuales circunstancias políticas, en el Gobierno se ve margen para lograr el apoyo del PP, en la medida en que sus exigencias, en materia de inversión y por tanto no ideológicas, pueden ser asumibles en el marco de una negociación que en todo caso será dura, porque los populares, con su presidenta a la cabeza, van a apretar todo lo posible.

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En el Ejecutivo tampoco se descarta concitar el aval de Foro, que también ha formulado sus planteamientos. El partido de Cristina Coto prioriza, entre otras cosas, el desarrollo de internet, la equiparación del personal del SAC al resto de trabajadores de las urgencias extrahospitalarias o el impulso de infraestructuras educativas y sanitarias. Está por ver qué sucede en el caso de Podemos, ya que tras el fracaso de las negociaciones del presupuesto entre ambas partes impera un clima de desconfianza y, en el caso concreto del crédito, los contactos han sido escasos y poco profundos.

Cifras aún provisionales

El Gobierno negocia con los grupos sobre un proyecto de ley que contempla un crédito extraordinario, un suplemento de crédito y una ampliación de crédito, y el margen de maniobra no es excesivo. Las cifras que ahora mismo se manejan son provisionales y sujetas a la necesidad de encajar las prioridades de unos y otros. La parte más cuantiosa va a amortización de deuda, 45 millones. Si a ello se le suma la necesidad de atender los pagos del salario social, con 15 millones que añadir a lo que ya contempla la prórroga, o el gasto ineludible de 17,5 millones en medio rural, el margen para alegrías en materia de inversión es modesto. En su reparto estará la clave del acuerdo. Este capítulo es un reguero de pequeñas obras en sanidad, educación, carreteras o puertos, con la ampliación de Cabueñes o el impulso de los prometidos sistemas antialudes en Sotres y Teverga como elementos destacados. También hay 2,3 millones para la red de educación infantil de 0 a 3 años.

«Pido responsabilidad» a los grupos para aprobar el crédito, lanzó el presidente del Principado en la sesión plenaria de ayer en la Junta. Lo hizo a preguntas del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que alertó de la situación «comprometida» que en materia presupuestaria sufre Asturias. Llamazares pidió un crédito que priorice el capítulo social y la inversión y emplazó al Gobierno central a liberar los 116 millones de euros de la financiación autonómica retenidos a la región.

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