Los críticos del Montepío pidieron en 2003 investigar la compraventa de pisos

Rufino Ordónez, Alberto Rubio y Juan Carlos Barbón, ayer, en una rueda de prensa en Oviedo. / ÁLEX PIÑA
Rufino Ordónez, Alberto Rubio y Juan Carlos Barbón, ayer, en una rueda de prensa en Oviedo. / ÁLEX PIÑA

Rubio, en su condición de secretario general de CC OO, exigió en aquel momento la «clarificación de los hechos»; ahora insta a los mutualistas a «rebelarse» contra Pulgar

ANA MORIYÓN OVIEDO.

El presunto pelotazo urbanístico relacionado con la compraventa de apartamentos turísticos en 2003 por parte del Montepío de la Minería, cuantificado en 5,8 millones de euros y cuya investigación podría retomarse en el marco de la operación Hulla, sigue provocando reproches y acusaciones cruzadas. El portavoz de la plataforma crítica de la mutualidad, Alberto Rubio, sacó ayer la artillería pesada para defenderse de las manifestaciones realizadas hace unas semanas a través de EL COMERCIO por parte del presidente de la institución, Juan José Pulgar, quien le acusó de ser conocedor de los hechos y mirar hacia otro lado, pese a que en aquel momento era el máximo responsable de CC OO en Asturias. Rubio no solo se defendió y acusó a Pulgar de «mentir», sino que, a renglón seguido, pidió a los mutualistas que se «rebelasen» contra el presidente y el resto de la dirección. «Deben dimitir y, si no se van, hay que echarles», clamó.

La dirección del Montepío presentó una resolución de junio de 2003 de la comisión ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Asturias de CC OO como prueba de que Alberto Rubio, en aquel momento secretario general en Asturias de esta organización sindical, había sido puntualmente informado de las irregularidades supuestamente cometidas en la compraventa de apartamentos de Los Alcázares (Murcia) y de Roquetas de Mar (Almería).

Pulgar reprochó a Rubio que, pese a la responsabilidad sindical que ostentaba en aquel momento, no tomara ningún tipo de medida. Le afeó además que ahora sea precisamente él, como portavoz de la plataforma crítica, quien pida reiteradamente la dimisión de todos los que en aquella época ocupaban algún tipo de cargo o responsabilidad en la mutua.

Rubio se defendió ayer de tales manifestaciones en una rueda de prensa, arropado por Rufino Ordónez y Juan Carlos Barbón, también miembros de la plataforma. Lo hizo mostrando otra resolución de julio de 2003 -en este caso de la comisión ejecutiva de CC OO, que el mismo encabezaba- con la que quiere demostrar que sí ejerció su responsabilidad cuando fue informado de lo que estaba ocurriendo tanto por parte de la federación de pensionistas como por los propios afectados, que en aquella época protagonizaron diferentes movilizaciones. En esta resolución se exigía a las organizaciones sindicales que procedieran «en el espacio más breve posible a una clarificación de los hechos» relacionados con las operaciones inmobiliarias realizadas en Murcia y Almería y, «en su caso, si procede, se depuren las responsabilidades sindicales y personales a que hubiera lugar». En la resolución, además, la comisión ejecutiva de CC OO hacía un «llamamiento» a las diferentes organizaciones sindicales para «recuperar y fortalecer la estabilidad y credibilidad» del Montepío de la Minería e, incluso, se reclamaba que «se establezcan los cambios necesarios en las formas de gobierno de la entidad» para que se «eviten situaciones como la actual».

Rubio, ahora sin responsabilidad sindical, sigue insistiendo desde la plataforma crítica en la necesidad de modificar los estatutos para quitar peso a las organizaciones sindicales e iniciar un proceso de «democratización» de la institución. Pero, además, aprovechó la rueda de prensa para cargar contra la actual dirección de la mutualidad. Argumenta el exdirigente sindical que es poco creíble que Juan José Pulgar, en su condición de secretario de Organización del SOMA y coordinador entre el Montepío y el sindicato hasta 2002, no tuviera conocimiento de la operación urbanística que se llevó a cabo un año más tarde, máxime cuando él mismo reconoce que en aquella época el Montepío no movía una hoja sin autorización del sindicato. También mostró Rubio sus dudas sobre que el actual presidente del Montepío no hubiera sido advertido de las presuntas certificaciones falsas que se realizaron en las obras de la residencia de Felechosa o de las comisiones que, según recoge ahora la investigación, habrían pagado los proveedores para participar en estos trabajos.

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