La defensa de Villa pide la suspensión del 'caso SOMA' por enfermedad mental

Solicita que le vuelvan a examinar los forenses que hace quince meses dijeron que no estaba en condiciones de declarar para que informen de «si ha mejorado»

Ana Moriyón
ANA MORIYÓNGijón

La defensa de José Ángel Fernández Villa pide la «suspensión» del procedimiento judicial abierto en relación a la denuncia por apropiación indebida interpuesta por el SOMA. Alega «enfermedad mental sobrevenida» del exdirigente sindical. La abogada del exsindicalista ha vuelto a 'tirar' de la que ha sido su principal línea de defensa durante la instrucción de este caso, e insiste en que su cliente no está en condiciones mentales para ser sometido a un juicio oral. No es la primera ocasión en la que Ana García Boto solicita la suspensión del caso. Lo hizo en fase de instrucción con escaso éxito, pero, teniendo en cuenta que la jueza Simonet Quelle Coto resolvió entonces que no era el momento ni el lugar para formular tal petición, la abogada vuelve a plantear ahora esta cuestión. Se basa Boto en el examen forense al que su cliente se sometió en enero de 2016, que concluyó que el exsindicalista no estaba en condiciones mentales para ser oído ante un juzgado. No obstante, conviene recordar que, posteriormente, un experto neurólogo propuesto por la acusación, a cargo del bufete Ontier, resolvió que sí lo estaba. E, incluso, que una nueva exploración forense realizada a principios de este mes -en el marco del segundo proceso judicial que Villa tiene abierto, el 'caso Hulla'- determinó también que tiene capacidad mental suficiente.

La abogada solicita que aquellas dos forenses que exploraron a su cliente hace ahora quince meses vuelvan a hacerlo para que informen de si «ha mejorado, empeorado o está igual» que entonces, y si está en condiciones de someterse a los interrogatorios que conlleva un juicio.

La letrada advierte en su escrito, además, de la prescripción de buena parte de los hechos imputados -desde 1989 hasta 2001- y también los que corresponden a la ampliación de la querella. Insiste en pedir la nulidad de las actuaciones por vulnerar el derecho de la defensa a «intervenir» en la prueba pericial neurológica practicada por el doctor Robles Bayón, que fue determinante para que Villa finalmente tuviera que declarar. Lo hizo, además, de forma coherente, según informó el TSJA.

«Es una especie de venganza privada que debe quedar al margen de un tribunal», concluye

El escrito de defensa de Villa también apunta a una vulneración del derecho a un juicio justo ya que, argumenta, el juicio paralelo generado por el interés mediático del caso «afectó sensiblemente a la independencia judicial, motivando que se desestimasen de plano todas las peticiones de prueba de las defensas».

Del mismo modo, en el escrito de defensa se niega una a una las acusaciones vertidas por el sindicato SOMA contra quien fuera su máximo líder sindical, que le reclama la devolución de 434.158 euros en concepto de gastos sin justificar y dietas del comité intercentros con las que, supuestamente, se habría apropiado indebidamente. Argumenta Boto en su escrito que todas las cuentas bancarias del SOMA «tenían facultades de disposición mancomunadas de diferentes personas» con lo que, advierte, «de ser ciertos los hechos inexcusablemente deberían de haber participado en los mismos como coautores, cómplices o encubridores». Alega que «todos los gastos» de Villa «se han practicado en el ejercicio de sus funciones sindicales» y advierte de que, además, «había varias personas» que imitaban su firma habitualmente. Recuerda también que las cuentas se aprobaron año tras año sin que nadie pusiera «ningún reparo a los gastos de representación» de Villa, «cuya dedicación y éxitos al frente del sindicato todo el mundo alababa». «Lo que se pretende por el SOMA es un enriquecimiento injusto sobre el líder caído en desgracia y supone tanto como una especie de venganza privada que debe quedar al margen de un tribunal de justicia, ante el que se está accionando por un delito inexistente», resuelve como alegato final. Pide, además, una innumerable lista de documentos, pruebas y testificales de cara al juicio oral.

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