«No será nada fácil lograr el consenso de 1978 para reformar la Constitución»

Ramón Durán, Catedrático de Derecho Civil

Expertos asturianos en Derecho abogan por afrontar una reforma constitucional y autonómica que evite conflictos como el catalán

O.VILLAGIJÓN.

Si hay algo en lo que todos los expertos legales coinciden plenamente es en que la situación generada por la crisis catalana es también una oportunidad para optimizar el modelo de Estado. Los catedráticos asturianos consultados también señalan que el inicio del proceso para aplicar el artículo 155 de la Constitución se ha hecho con una moderación que algunos ven excesiva.

Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional: «Puigdemont ha hecho una falsa propuesta de diálogo»

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Puigdemont, ante los obstáculos que encuentra (empresariales, de la UE, etcétera), trata de ampliar sus argumentos cargándose de razón mediante una falsa propuesta de diálogo, que espera que atraiga a la izquierda no nacionalista ante el ‘empecinamiento’ de Rajoy.

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Nadie sabe qué contiene exactamente el artículo 155. En Alemania, de donde lo copiamos, nunca ha llegado a ponerse en práctica. En todo caso, el paso siguiente es afrontar una insurrección recurriendo al Ejército. Antes debería iniciarse o proseguirse, según los casos, la vía de las querellas por sedición contra Puigdemont y los suyos.

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Soy partidario de mejorar el Estado autonómico acentuando los mecanismos de coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y convirtiendo al Senado en la Cámara de representación de las comunidades. El federalismo es el gobierno compartido. Y se trata de federalizar.

Miriam Cueto, Profesora Titular de Derecho Administrativo. Acreditada a Catedrática: «La reforma constitucional es inaplazable»

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Puigdemont tuvo la oportunidad de haber rectificado, al menos en parte, su cadena de afrentas contra el Estado de Derecho. Pero optó por una DUI apoyada en unos resultados ficticios de una consulta jurídicamente inexistente, y reiteró su intención de actuar conforme a ella, por mucho que a los pocos segundos en su discurso dijese que suspendía sus efectos y pedía un diálogo a sabiendas de que este no cabe hasta que no retorne de forma clara al orden constitucional.

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El requerimiento de Rajoy se aleja del contenido del artículo 155, pues en lugar de instarle a que cese en el incumplimiento de la Constitución y las leyes ha optado por preguntarle sobre el significado de su paranoico discurso. Es bueno que el presidente de España pueda ofrecer certezas a los españoles y a la comunidad internacional, pero también sería positivo retornar lo antes posible a la normalidad constitucional.

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La reforma constitucional es inaplazable. Se tendría que haber producido mucho antes. Las prisas no son buenas consejeras para una tarea tan importante. La reforma constitucional no debe ser algo tabú; la Constitución tiene que tener vocación de permanencia, pero no de perpetuidad. La organización territorial del Estado no puede facilitar un modelo que rompa la unidad territorial y las aspiraciones del actual Gobierno de Cataluña van a ser difíciles de satisfacer.

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Leopoldo Tolivar, Catedrático de Derecho Administrativo: «No será nada fácil lograr el consenso de 1978»

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La declaración de Puigdemont ha sido el remate de la larga jugada del ‘procés’. Pero un remate a las nubes, donde no se sabe cuál es el sexo de los ángeles. Otro disparate tragicómico, posiblemente influido por un cierto temor a lo que se le puede venir encima.

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Creo que una situación tan excepcional requiere de medidas igualmente extraordinarias y el control del artículo 155 lo es, frente a la supervisión ordinaria de los tribunales. Ahora bien, conozco profesionalmente el tema y lo del ‘prerrequerimiento’ no está en el guion del 155. Preguntarle al presidente de la Generalitat si son galgos o podencos no es lo que indica la Constitución que habla claramente de un mecanismo que se pone en marcha ‘en el caso de no ser atendido el requerimiento’, es decir, si no se compromete a cesar en la posición sedicente. Creo que Rajoy, con esa intimidación suave también quiere ganar tiempo y no aparentar dureza. Sin embargo, luego se ha hecho lo ortodoxo.

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Parece que esa Comisión, que me parece oportuna y llena de buena voluntad, deberá analizar qué instituciones han de actualizarse y hasta dónde, en concreto, puede ‘federalizarse’ aún más el modelo territorial. Me figuro que sólo en el caso de que se vea una cierta disposición de los partidos que ahora están por la insurrección y, a su vez, las fuerzas constitucionalistas acerquen posturas, se pasará, de forma efectiva, al complicado y largo trámite parlamentario de reforma. Desde luego, no será nada fácil lograr el consenso de 1978 ara reformar la Constitución.

Ramón Durán, Catedrático de Derecho Civil: «La verdadera declaración tuvo lugar fuera del hemiciclo»

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La cuestión es conocer con certeza si Puigdemont declaró la independencia suspendiendo sus efectos, lo que supone una quiebra directa de la Constitución que autorizaría cuantas intervenciones permite su marco jurídico y con arreglo a los procedimientos legales establecidos; o suspendió la declaración de independencia, ya que estaríamos en una mera declaración de intenciones sin valor jurídico. A la declaración de independencia luego suspendida en sus efectos apunta sus propias palabras, pero la suspensión de la declaración parece inferirse del hecho de que pidiera permiso al Parlamento para suspender la eficacia y luego se negase a someter a preceptiva votación su propuesta. La verdadera declaración tuvo lugar fuera del hemiciclo, en una sala del recinto del Parlamento, al margen de su sesión regular y en un documento privado y sin eficacia jurídica ninguna, sin perjuicio de las simples fórmulas de corte político.

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Me parece una oportunidad para conocer con exactitud la intenciones de quienes sobre la base del 38% de votantes pretenden la secesión del Estado. Nunca se ha visto que con semejante respaldo nadie tenga legitimación para tal abuso. Se buscan cauces para defender a la mayoría de los ciudadanos catalanes, compatriotas nuestros, con quienes nos ligan lazos de fraternidad, pero también de justicia en términos de defensa de sus derechos avasallados y de los nuestros.

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La tesis fundamental es decidir si se desea recorrer un camino que garantice la igualdad de todos los ciudadanos y de los territorios o bien seguir la senda del federalismo asimétrico.

Ignacio Villaverde, Catedrático de Derecho Constitucional: «Lo de Rajoy es una estratagema de dilación»

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El discurso ha sido una habilísima ceremonia política de la confusión. Y un ejercicio de posverdad sorprendente. Construyó la narrativa de un pueblo represaliado y de un líder democrático que, pese a los esfuerzos represores del Estado, suspende la independencia para tenderle la mano a España y abrir un proceso de negociación. Jurídicamente el discurso carece de valor. Tanto desde la legalidad constitucional, porque se asienta en unas normas y procesos declarados nulos y sin efecto, como desde su propia ‘legalidad’, porque ésta reserva la declaración al Parlamento que, además, sería quien también podría acordar los tiempos jurídico-políticos del proceso de secesión.

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Rajoy ha preguntado si ha habido o no declaración de independencia. Ha sido una jugada táctica muy hábil porque ahora la Generalitat debe buscar una salida a esa pregunta que no incomode a los separatistas, y no provoque la reacción del Gobierno si la respuesta es que sí ha sido declarada la independencia. Es probable que la Generalitat conteste que a pesar de la voluntad expresada por los catalanes no ha habido declaración formal porque el Parlament no se ha pronunciado aún porque se ha abierto un período para negociar. No es un paso sin retorno porque no es ningún paso hacia ninguna dirección. Es una estratagema de dilación en la toma de una decisión que tarde o temprano se tendrá que tomar, salvo que el Gobierno decida poner en suspenso de facto la Constitución española y abrir un proceso negociador como le pide la Generalitat.

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La Constitución debe ser reformada para que las generaciones actuales vuelvan a identificarse con ella. Que así sea es vital para la pervivencia del sistema constitucional y evitar así la deserción ciudadana de una Constitución que ya no sienten como la suya. Los parámetros de esa reforma, al menos en lo territorial, deben ser incorporar al texto Constitucional el mapa autonómico con sus 17 comunidades, regular un sistema de competencias claro y preciso (una única lista de competencias exclusivas del Estado, eliminar el instrumento de la legislación básica y reforzar los mecanismos de coordinación Gobierno-comunidades autónomas), un sistema de financiación en el que cada región se responsabilice de su fiscalidad, y crear un mecanismo constitucional específico para la resolución de conflictos territoriales como el de Cataluña.

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