Los otros flecos del 'caso Hulla'

También, de forma paralela, se incluyen en la instrucción supuestas ilegalidades relacionadas con los contratos de limpieza realizados por el Montepío de la Minería en favor de empresas vinculadas directamente con José Antonio Postigo, o con su amigo y constructor del citado geriátrico, José Antonio Fernández, dos de los principales investigados en la trama, junto al ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza, sin embargo, incluir en el sumario otras operaciones de dudosa legalidad como la compraventa de apartamentos turísticos por parte del Montepío en 2003 -un pelotazo urbanístico cifrado en 5,8 millones- al entender que no existe vinculación alguna con el 'caso Hulla'. Hay, sin embargo, numerosos claroscuros relacionados con la figura de los exsindicalistas que invitan a pensar que lo descubierto sobre las obras de Felechosa no es un caso aislado, puesto que refleja una forma de actuar en la que son habituales las comisiones, los chantajes, el tráfico de influencias y el abuso de poder.

La principal prueba de que el 'caso Hulla' es mucho más que la construcción de la residencia de Felechosa, cuya obra se adjudicó y comenzó en 2009, es que la propia investigación se remonta ya a 2003. El sumario recoge explícitamente las presuntas irregularidades cometidas aquel año por José Antonio Postigo quien, abusando de su poder de influencia sobre el entonces presidente del Montepío, Alfredo Álvarez Espina, habría obtenido fondos de manera fraudulenta a través de empresas interpuestas en el servicio de limpieza propiedad de José Antonio Fernández.

Pero hay más. El propio relato de Anticorrupción reconoce que Postigo manejó dinero en efectivo de origen desconocido antes incluso de aquella adjudicación del servicio de limpieza. Igualmente, también resulta complicado para los investigadores vincular la fortuna oculta amasada por el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, exclusivamente a las obras de la residencia de Felechosa.

Aunque no hay mención expresa sobre esta operación en el escrito del juzgado ni de la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sí indagó sobre la venta del grupo El Árbol al grupo holandés Unigro y la posible relación de José Ángel Fernández Villa con aquella operación, que data de 1991. Tanto Rafael Cayado, mediador de la operación, como José Luis García Meana, fundador del grupo El Árbol, fueron llamados a declarar por los agentes en abril de 2015 en el marco de la investigación abierta tras conocerse que el exsecretario general del SOMA se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar 1,2 millones de euros. Cayado reconoció ante los agentes que había participado como mediador en la venta del grupo El Árbol y comentó la relación de Meana con el ex líder sindical. «Era buen amigo de Villa», dijo. Recordó incluso durante su interrogatorio que en aquel momento se «rumoreaba» que Villa formaba parte del grupo empresarial, pero «Meana ni confirmó ni negó» cuando se le preguntó por esta cuestión en el marco de las negociaciones. Los agentes de la Guardia Civil llegaron a preguntar al testigo si había viajado a paraísos fiscales o había realizado operaciones bancarias en dichos lugares, algo que negó. Ese mismo día, el propio José Luis García Meana también declaró ante los agentes de la UCO, aunque rechazó que hubiera tenido relación alguna con el exdirigente sindical.

El constructor Juan Antonio Fernández, adjudicatario de la polémica obra de la residencia de Felechosa, declaró por voluntad propia el pasado mes de abril ante la jueza Begoña Fernández y los fiscales de Anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa para defenderse de todas las acusaciones que pesan sobre él. En su declaración negó que -como recoge el informe de UCO- la empresa Alcedo de los Caballeros hubiera obtenido un beneficio neto en la ejecución de esta obra de siete millones, y rebajó la cantidad a los 4,9 millones. Puntualizó, además, que se repartió las plusvalías con su socio, del que hasta ese momento no se había tenido conocimiento puesto que Fernández aparece como administrador único de la empresa. La propia fiscal se interesó por el nombre de esta persona: Juan Carlos Riera Blanco.

Se da la circunstancia de que este empresario y abogado lenense, junto al economista madrileño Ignacio Fernández-Cid, llegaron a adquirir en Campomanes unos 15.000 metros cuadrados para construir una ciudad geriátrica con una inversión de 20 millones de euros, con capacidad para 200 personas. El proyecto, presentado en 2008, contaba con una ayuda de los fondos mineros de 1,5 millones de euros, pero finalmente quedó en saco roto. Según recogieron los medios de comunicación en aquella época, el desarrollo de la residencia de Felechosa enfrió el interés de la promotora por aquel proyecto, renunciando a la subvención.