Frente común para una financiación autonómica basada en la «equidad y la solidaridad»

Los presidentes de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón, en el cuentro celebrado en León. /DAMIÁN ARIENZA
Los presidentes de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón, en el cuentro celebrado en León. / DAMIÁN ARIENZA

Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón suscriben una declaración en la que urgen al gobierno central a que priorice la definición de un nuevo modelo de financiación

Daniel Fernández
DANIEL FERNÁNDEZGijón

Son cuatro comunidades con gobiernos de distinto signo -Asturias y Aragón del PSOE y Galicia y Castilla y León, del PP- pero que comparten mismos problemas y objetivos. Y uno de ellos es el nuevo modelo de financiación autonómica. Y esta mañana, en León, los presidentes de todas estas regiones, que representan a 7,5 millones de habitantes, han unido sus fuerzas para exigir al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la “equidad y la solidaridad”. Así lo reflejan en la declaración institucional que los presidentes gallego, Alberto Núñez Feijoó; castellano leonés, Juan Vicente Herrera, asturiano, Javier Fernández, y aragonés, Javier Lambán, han suscrito esta maña en León. Se trata de un documento en el que estos gobiernos autonómicos marcan sus posiciones respecto al modelo de financiación autonómica que será revisado así como de la estrategia sobre el problema demográfico del país.

En contexto

En el documento, los presidentes transmiten al Gobierno de España la “necesidad perentoria de defender como prioritaria” la definición del nuevo modelo de financiación autonómica. Para todos ellos, se trata de una cuestión que debe abordarse de forma “inmediata” para “poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales”.

En el documento, las tres comunidades dejan claros sus posicionamientos, que como dijo el presidente gallego, “son inamovibles, aquí, y ante el gobierno que sea, gobernado por quien sea”. Así, reclaman un sistema de financiación “similar” para todos los territorios, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. Así, los gobiernos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón apuestan por un modelo que incluya el coste efectivo de los servicios que se presten. Es decir, que a la hora de establecer el reparto se tengan en cuenta también los criterios de población, edad, dispersión. En definitiva, que estos criterios atiendan a las necesidades de gasto reales, porque, por ejemplo, no es lo mismo la prestación de un servicio como la sanidad en comunidades más urbanas y menos envejecidas como Madrid que en una donde la dispersión de la población, la orografía y el envejecimiento encarecen la prestación de esos servicios.

El nuevo sistema que defienden estas cuatro comunidades debe ser fruto de un consenso multilateral y que contemple la corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el vigente modelo. Es por ello por lo que se reclama una evaluación del efecto de la aplicación de la ley de dependencia y que el cálculo de las necesidades se haga teniendo en cuenta el número de personas dependientes atendidas; el grado de dependencia, tipo de prestación y dispersión territorial. También se reclama al Gobierno una evaluación del déficit de financiación del gasto sanitario, ajustando las variables de grupos de edad. En este sentido, se pide que se recoja la creación de nuevos tramos a partir de 65 años aumentando su ponderación. También se reclama en este documento que se tengan en cuenta los criterios que permitan impulsar el equilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y aquellas en declive demográfico, proporcionando servicios públicos de calidad para estas últimas.

El presidente del Principado, Javier Fernández, defendió estos posicionamientos sobre la financiación autonómica que Aragon, Asturias, Castilla y León y Galicia han fijado hoy en León. Especialmente hizo hincapié en que ese nuevo sistema atienda al coste efectivo de la prestación de servicios, que a su juicio, “es el criterio más objetivo”.

Despoblación y envejecimiento

En la declaración conjunta suscrita también se reclama al gobierno central que presenta la propuesta de Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Las cuatro comunidades reunidas hoy en León reclaman que se asegure la cobertura de internet con banda ancha de al menos 30 megas en el 100% de la población en 2020.

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