El Gobierno aprueba el rescate de ocho de las nueve autopistas en quiebra

Autopista del Huerna
Una imagen de la autopista del Huerna. / DAMIÁN ARIENZA

El Ejecutivo calcula en 2.000 millones la factura que deberá pagar por asumir estas infraestructuras deficitarias

E. C. MADRID.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra. Estas infraestructuras pasarán a manos de la sociedad pública Seittsa, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Consejo ha autorizado, según Europa Press, la rescisión de los contratos de las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero; los de la R-4 Madrid-Ocaña y la R-2 Madrid-Guadalajara; la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas; la AP-36 Ocaña-La Roda; el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante.

Por el momento, solo hay fecha para el rescate de tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio de Fomento el próximo miércoles y la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante, el 1 de abril.

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Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio.

En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.

El objetivo de Fomento con este rescate es el de «garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios» tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que «lanzará en los próximos meses», según recordó Méndez de Vigo.

El Gobierno tiene seis meses para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración. El Gobierno cifra en unos 2.000 millones esta factura en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones.

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