El Gobierno quiere desbloquear «de inmediato» la Ley de Transparencia

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. / Álex Piña

El texto llegó hace más de un año da la Junta después de que la propuesta elaborada en la anterior legislatura decayera en su tramitación parlamentaria

EFEOviedo

El Gobierno del Principado se reunirá "de inmediato" con todos los partidos con representación en la Junta General para tratar de desbloquear la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, texto que el Ejecutivo trasladó al Parlamento regional hace más de un año después de que el texto elaborado en la anterior legislatura decayera en su tramitación parlamentaria.

Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, tras asistir a la Junta de Portavoces del Parlamento regional, que se ha reunido hoy por primera vez de este nuevo periodo de sesiones para fijar el orden del día del pleno institucional que el jueves, 7 de septiembre, se celebrará con motivo de la celebración del Día de Asturias.

Martínez ha incidido en que todos los grupos parlamentarios tienen interés en que salga adelante esta ley y que, con ese fin, va a reunirse individualmente con todos ellos de forma urgente con el fin de buscar un "mínimo común" que permita que la norma se apruebe con un amplio acuerdo.

Al margen de la necesidad de contar con el apoyo de al menos 23 diputados para su aprobación -un número garantizado entre PSOE, PP, IU y Ciudadanos-, la tramitación de la ley está condicionada además por la propuesta de agrupar otros dos proyectos relacionados con esta cuestión que tramitan Ciudadanos (Inspección General de Servicios) y Podemos (Oficina Anticorrupción).

El proyecto incluye un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia en el que se prevén desde multas de entre uno y tres meses de sueldo, hasta la destitución del puesto y la inhabilitación por un periodo de entre cinco y diez años, en los casos más graves.

Además, contempla la creación de la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos, iniciativas que, en conjunto, supondría un gasto de unos 422.000 euros para su puesta en marcha.

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a apoyar aspectos inicialmente no contemplados en su texto, como la posibilidad de presentar denuncias anónimas de ciudadanos y funcionarios ante el canal ético del que dispondría la futura Oficina de Buen Gobierno.

El portavoz socialista, Marecelino Marcos Líndez, ha incidido en que la sentencia del caso Marea ha puesto en valor los avances que se han producido en todo lo que tiene que ver con la transparencia, con independencia del proyecto de ley registrado por el Gobierno y sobre el que !hay que avanzar".

Al PP, según el diputado José Agustín Cuervas-Mons, no se le puede reprochar nada ante la colaboración que ha mostrado con la tramitación de esta ley que, en su opinión, debería hacer reflexiona al Gobierno sobre los motivos por los que después de dos legislaturas Asturias sigue sin tener un texto propio.

Para la presidenta de Foro, Cristina Coto, cinco años de tramitación del texto "dicen muy poco a favor del Gobierno", del que ha dijo que no espera "absolutamente nada" en materia de transparencia" ya que para el presidente del Principado "no deja de ser una cuestión meramente estética".

"Es imprescindible un acuerdo sobre transparencia y la oficina anticorrupción", ha afirmado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, para quien es preciso disponer de una regulación que impida que casos como el Marea vuelvan a producirse.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que hay mimbres suficientes como para llegar a un acuerdo y porque todos los partidos deben asumir su responsabilidad para evitar que vuelva a frustrarse esta iniciativa para la regeneración política.

Para el portavoz de Podemos, Emilio León, el Gobierno se ha empeñado en bloquear la iniciativa presentada por Podemos pese a que "es mucho más eficaz" que el proyecto aprobado por el Ejecutivo y que, en su opinión, no aporta nada respecto a la Ley estatal.

El pasado 26 de abril, los votos del PSOE, PP y Foro impidieron que continuase la tramitación de la ley impulsada por Podemos para crear una oficina anticorrupción en Asturias a la vista del informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta que apreció "múltiples deficiencias" en la iniciativa legislativa.

El informe de los letrados plantea que el texto elaborado por Podemos, inspirado en la ya creada Oficina Antifraude de Cataluña, vulneraba diversas leyes estatales y autonómicas y el principio de legalidad sancionadora recogido en la Constitución al atribuir competencias en ese aspecto al nuevo órgano que pide crear.

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