Asturias, Castilla y León y Aragón piden un pacto de Estado por la energía

Los presidentes autonómicos, reunidos en León./Damián Arienza
Los presidentes autonómicos, reunidos en León. / Damián Arienza

El presidente del Principado insiste en que la energía es de interés general y en que las empresas no deben decidir los cierres de sus centrales

Daniel Fernández
DANIEL FERNÁNDEZLeón

Primero lo fue la financiación autonómica, luego la lucha contra el despoblamiento y ahora el carbón y las centrales térmicas. La buena sintonía entre los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón ha servido para que los gobiernos de estas tres comunidades hayan firmado una declaración en la que reclaman un pacto de Estado por la energía para afrontar «una transición energética ordenada». Este documento ha sido suscrito esta mañana en León durante la cumbre de presidentes de estas tres regiones, además de la de Galicia, aunque el gobierno gallego no ha ha suscrito esta declaración sobre la energía.

En el documento se deja constancia de la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que establezca un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro «compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de, los recursos autóctonos». Los presidentes del Principado, Javier Fernández, de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Aragón, Javier Lambán, coinciden en la declaración firmada esta mañana en que la lucha contra el cambio climático «es irrenunciable», pero debe considerar no solo los impactos medioambientales, sino, también, los socioeconómicos.

De esta forma, consideran necesario establecer de nuevo un procedimiento de despacho «preferente» para las centrales que utilicen carbón autóctono como «obligación de servicio público», así como que se garantice la presencia de este mineral en el mix energético. «Al menos —reza el documento— que el límite maximo fijado para los combustibles fósiles autóctonos no sea inferior al 5%» en ese mix.

Reivindican las tres comunidades que las centrales térmicas de carbón continúen operativas, al menos hasta 2030, y respaldan el «endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización del cierre de las centrales de generación», como las anunciadas por Iberdrola para añada y Velilla.

En este sentido, en la rueda de prensa posterior, el presidente del Principado que la energía es de interés general y las empresas no deben decidir los cierres de sus centrales.

En el documento suscrito en León también se considera necesario que se establezcan fórmulas que permitan una flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las minas para que las empresas que puedan ser viables puedan seguir activas más allá de 2018, que es la fecha fijada paro la UE para el cierre de las no rentables y la devolución de subvenciones.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos