Guerra sin cuartel en el centroderecha

La negativa de Ciudadanos a ceder un diputado en el Parlamento de Cataluña para que el PP dispusiera de grupo propio, se ha interpretado en las filas populares como un desaire inaceptable entre socios; la gota que ha colmado un vaso que los conservadores consideran que está lleno de deslealtades. Una situación más dolorosa aún cuando Rivera asciende en las encuestas a costa del partido de Rajoy. Pero pese a las desavenencias, la realidad es que la primera fuerza necesita a la cuarta para gobernar.

De momento, Ciudadanos ha puesto precio al voto de sus 32 diputados para aprobar los Presupuestos de este año: la cabeza de la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada por el 'caso Púnica'. Sobre las cifras, el acuerdo está cerrado, pero Rivera exige al Gobierno que cumpla en materia de regeneración democrática. Aun así, fuentes liberales reiteran que mantienen su disposición a colaborar para sacar adelante las cuentas de este ejercicio. «Las siguientes, ya veremos», trasladan cautelosas.

En el Gobierno se han fijado como prioridad que este año haya Presupuestos. O bien los correspondientes a 2018 -si se despeja la crisis catalana y se descongelan las conversaciones con el PNV- o bien los de 2019, porque la voluntad de Rajoy es agotar la legislatura. Así que el respaldo de Ciudadanos resulta vital y fuentes conservadoras no creen que su adversario vaya a poner en riesgo su papel de garante de la estabilidad por mucho que se vayan complicando a partir de ahora las negociaciones en el Congreso.

El nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rubén Moreno, da por sentado que establecer vínculos con el resto de grupos parlamentarios se irá haciendo más difícil a medida que se aproximen las próximas citas con las urnas. Fuentes de PP y Ciudadanos reconocen que, disputándose el mismo electorado, la «lógica» apunta a un distanciamiento natural que les permita tomar posiciones para los comicios locales y autonómicos de 2019.

En todo caso, la batalla ha empezado a perfilarse a más de un año de las votaciones. La progresión ascendente de Ciudadanos en las encuestas desde el verano de 2017 y la victoria de Inés Arrimadas en Cataluña han puesto en guardia al PP. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, desveló en Es radio que ha trasladado a Rajoy su «preocupación» por «el riesgo de que el efecto de las elecciones catalanas» pueda trasladarse a otras comunidades.

Conscientes del reto, Gobierno y PP se han puesto manos a la obra. Su estrategia pasa por potenciar la presencia pública del presidente, los ministros y dirigentes del partido y tomar la iniciativa con propuestas políticas para no dejar que sea Ciudadanos el que se apropie de banderas tradicionales de la formación conservadora.

Con ese afán y aprovechando la ola de indignación tras el arresto del asesino confeso de Diana Quer, el PP se ha volcado en una campaña en defensa de la prisión permanente revisable. Su baza pasaba por señalar a Ciudadanos como responsable de haber facilitado con su abstención que el Congreso esté tramitando la derogación de la medida. Pero también en este campo Rivera está dispuesto a plantar cara.

De momento, se ha planteado revisar su postura y redoblar la apuesta del PP con una iniciativa que endurece el acceso de los presos al tercer grado penitenciario. «Vamos a seguir proponiendo reformas, con el PP o con otros partidos», advierten en Ciudadanos, donde el objetivo pasa por llegar a 2019 con la maquinaria engrasada para entrar en gobiernos autonómicos y hacerse con algunas alcaldías importantes. «Actúan al socaire de donde sopla el viento», se quejó el jueves el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando. Ese mismo día, su formación había activado la comisión del Senado que investiga las finanzas de las fuerzas políticas para poner el foco en la contabilidad de los liberales. Guerra sin cuartel en todos los frentes.