La hermana de Villa desmonta ante la juez la justificación de la herencia

Hermógenes Fernández Villa, bastón en mano, persigue al fotógrafo de EL COMERCIO tras salir del juzgado. / DANIEL MORA Y VÍDEO TPA

Asunción Fernández Villa se ratifica en su declaración de 2015 ante la Guardia Civil y apunta que su madre les dejó a cada uno 30.000 euros

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Asunción Fernández Villa, hermana del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, aseguró ayer en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y el fiscal Anticorrupción que la herencia que ella recibió de sus progenitores, tras la muerte en enero de 2011 de su madre, Ludivina Villa, fue de «cinco millones de pesetas», 30.000 euros. Una cifra muy alejada de los 1,2 millones de euros que su hermano regularizó un año después en la amnistía, asegurando que era parte de tal legado. Asunción Fernández Villa se ratificó de esta manera en la declaración que en 2015 hizo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando ya negó que era inviable que sus padres, que regentaban un conocido bar de Tuilla, Casa Hermógenes, pudieran amasar tal cantidad de dinero.

Ayer acudió al juzgado acompañada por su hija y no tuvo inconveniente en responder a las preguntas formuladas por la magistrada, Beatriz Fernández, y el fiscal, Ignacio Stampa, en relación a la presunta trama de corrupción denominada 'caso Hulla', y que suma ya dieciséis investigados. Su hermano, por contra, se acogió a su derecho a no declarar en relación a Villa al no estar obligado a hacerlo por ser familia en «línea directa» (artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). No obstante, según explicaron fuentes judiciales, el fiscal consideró que sí estaba obligado a hacerlo sobre otros investigados, como sus sobrinos, Ángela y Rolando Fernández, por no ser estos parientes en línea directa, lo que provocó un «rifirrafe judicial» con la abogada del exlíder minero, Ana García Boto, quien apuntó que el testigo tampoco estaba obligado a hacerlo porque (según el artículo 418 de la misma ley) podría de este modo perjudicar a su hermano.

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Los hermanos no fueron los únicos que pasaron ayer por el juzgado. En calidad de testigos, igualmente, también declararon el que fuera presidente del Montepío de la Minería antes de la etapa de José Antonio Postigo, Alfredo Álvarez Espina, así como el vicepresidente de la mutua en aquel momento, Salvador González Fernández, quien presume de ser uno de los primeros en denunciar interna y públicamente las irregularidades que se cometían en el Montepío, lo que, según dice, le costó la expulsión. «Cuando lo hice la respuesta de Espina fue 'acabas de joder a Postigo'», ha dicho en numerosas ocasiones. Algo que ayer Espina negó ante la jueza. Ambos fueron cuestionados, principalmente, por el contrato del servicio de limpieza para los apartamentos de Los Alcázares, en Murcia, que la mutua firmó en aquella etapa con la empresa de Rodica Daniela Times, también investigada en el 'caso Hulla', y que Anticorrupción vincula directamente al enriquecimiento ilícito de José Antonio Postigo.

También declaró como testigo la actual directora financiera del Montepío, Natalia Cabal, quien tuvo que hacer frente a un interrogatorio especialmente incisivo por parte del fiscal, contrario a considerar a la mutua como perjudicada en la trama. Cabal, por contra, incidió en que los registros contables no demuestran ningún tipo de desvío de dinero público. El responsable de la sucursal del banco Santander a la que acudió inicialmente el exasesor fiscal del Montepío, el también investigado José Manuel Fernández, para regularizar los 1,2 millones de Villa y los 400.000 euros de Postigo, explicó que el banco desconfió del origen del dinero y, por lo tanto, se negó a realizar la operación.

Entre otros técnicos, declaró también la arquitecta que firmó la redacción del plan parcial de la residencia de Felechosa. Ésta dio especial protagonismo en la operación a la figura de Postigo, pero también a la del exasesor fiscal, aunque no supo concretar si las obras comenzaron antes incluso de que ella finalizara su trabajo. En declaraciones a los medios de comunicación indicó que el proceso «fue el habitual», si bien reconoció que le «sorprendió gratamente» que los pagos se hicieran de forma mucho más ágil que cuando se trabaja directamente para la administración pública. Hoy continúan las declaraciones y, entre otros, está citado el delegado del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, Antonio Ricardo Merino Díaz.

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