Inversión, gasto social y la rebaja del 0 a 3, claves de las medidas contra la prórroga

Gaspar Llamazares y Ovidio Zapico, en la Junta General. /  ÁLEX PIÑA
Gaspar Llamazares y Ovidio Zapico, en la Junta General. / ÁLEX PIÑA

El tijeretazo de 116 millones de euros de la financiación autonómica amenaza con forzar el retraso de algunos proyectos

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

En ocasiones la política camina por delante de los números y aunque la Consejería de Hacienda no tiene aún todos los datos sobre el alcance de la prórroga, los contactos entre los partidos para minimizar su impacto ya han comenzado. Ayer hubo una primera reunión entre el Gobierno y el PSOE e Izquierda Unida, que ha metido prisa para sentarse a la mesa, con el objetivo de llevar a la práctica en la medida de lo posible los compromisos adquiridos para el fallido proyecto presupuestario de 2018. A través de las vías disponibles, bien la propia gestión de la prórroga, bien los créditos extraordinarios llamados a amortiguar la merma de recursos, el objetivo es desarrollar políticas que se consideran claves, caso de la inversión, el gasto social o, en un tema muy concreto, la extensión de la red educativa de 0 a 3 años y la rebaja del coste de su matrícula.

«La actividad política continúa y son necesarios los acuerdos, IU no está en precampaña y no da la legislatura por perdida», remarcó el diputado Ovidio Zapico, que asistió a la reunión. La coalición quiere prolongar el impulso que supuso el acuerdo con el PSOE llamado a aprobar los presupuestos de este año, que no cuajaron ante el rechazo final de Podemos, y aplicar esos mismos criterios y prioridades en la gestión de la prórroga. Los ejes que se fijaron ayer, en una reunión en la que también participaron, entre otros, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el portavoz parlamentario del PSOE, Marcelino Marcos, fueron cuatro: inversión, gasto social, 0 a 3 y medio rural.

Son todos ellos puntos sensibles. De momento no se ha entrado en cifras concretas porque Hacienda dedicará el mes de enero a hacer acopio de todos los datos económicos para certificar así el volumen de recursos con que contará para la aplicación de la prórroga. El proyecto de presupuestos estaba cifrado en 4.485 millones y su rechazo obliga a acomodar al escenario actual las cuentas de 2017, de 4.226 millones. Habrá que hacer, pues, equilibrios en el alambre. Pero PSOE e IU intentaron ayer delimitar los grandes objetivos. Básicamente, los establecidos en ese acuerdo presupuestario previo. De «minimizar» los males del actual escenario habló el portavoz socialista tras el encuentro.

PSOE e IU quieren dar continuidad a su pacto para minimizar el daño de la prórroga

Créditos por 90 millones

Ya sea con la gestión de la prórroga, ya sea a través de los créditos extraordinarios -uno o varios, está por ver- que el Gobierno llevará a la Junta General para movilizar algo más de 90 millones de euros, la intención es blindar los servicios básicos garantizando los recursos pertinentes para prestaciones como el salario social o la atención a la dependencia. También atender un medio rural cada vez más castigado por el despoblamiento. Igualmente, evitar que la inversión sea la gran penalizada teniendo en cuenta que el borrador presupuestario contemplaba un incremento notable después de años de penurias.

Y después está la red de 0 a 3 años, el punto de bloqueo que impidió el acuerdo del Gobierno con Podemos. El proyecto contemplaba tanto la extensión de la red como una rebaja del 50% en la matrícula. La intención de PSOE e Izquierda Unida es dar continuidad a esa apuesta aunque, sin todos los datos económicos sobre la mesa, es prematuro concretar si será exactamente en los términos inicialmente previstos o habrá modificaciones.

La planificación económica de 2018 está marcada por la incertidumbre. Por la prórroga, por un lado, pero también por anuncios inesperados como el del Ministerio de Hacienda, que con el argumento de que tampoco ha conseguido aprobar sus presupuestos para este año, ha decidido retener a las comunidades el dinero extra de la financiación autonómica que les iba a traspasar. En el caso de Asturias son 116 millones de euros los que han quedado en el aire, a la espera de noticias.

El Principado confía en que antes o después esos recursos llegarán, pero no tiene la certeza de que así será ni, incluso en caso de una decisión favorable, cuando los recibirá. Eso obliga a sus responsables a moverse con extrema cautela. El Ejecutivo ha garantizado que los servicios públicos no se verán afectados pero existe el temor a que sí se produzca un retraso en el desarrollo de proyectos de inversión, que pueden verse comprometidos.

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