La jueza del 'caso Hulla' ve «meridiana la presencia de indicios delictivos» en Villa

Ana García Boto, ayer, con la procuradora Laura Fernández-Mijares y una persona de su bufete.
Ana García Boto, ayer, con la procuradora Laura Fernández-Mijares y una persona de su bufete. / ÁLEX PIÑA

Rechaza el recurso de su abogada para retirar las medidas cautelares, que le impiden hacer uso de sus cuentas por encima de los 6.000 euros

ANA MORIYÓN OVIEDO.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo mantendrá las medidas cautelares contra José Ángel Fernández Villa como uno de los principales investigados en el 'caso Hulla', lo que implica el embargo de sus cuentas y productos bancarios por encima de los 6.000 euros. La titular del juzgado ha rechazado el recurso presentado por la defensa del exsindicalista, a cargo de la letrada Ana García Boto, que había solicitado la retirada de las mismas al considerarlas «desproporcionadas», teniendo en cuenta, según interpretó en su día la abogada, que únicamente se atribuía como delito a su cliente estar vinculado con José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería.

La magistrada Begoña Fernández no solo rechaza el recurso de reforma de la defensa (aunque admite a un solo efecto el de apelación), sino que, en su auto, despeja cualquier duda sobre la implicación del exdirigente sindical en la trama abierta en relación con la obra de la residencia de Felechosa. Advierte de que, según la documentación aportada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es «meridiana la presencia de indicios delictivos» por parte de Villa «en cuanto a su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales». Aduce que se aprecia con suficiente «claridad» un incremento patrimonial sin «justificación alguna en cuanto a su legítima procedencia» y que, de forma paralela, existe constancia de una serie de operaciones y manejo de dinero en efectivo, también sin justificación de su procedencia, y de «ausencia de movimientos lógicos». Cuestiones que, según recoge el auto, estarían relacionadas con las operaciones de regularización fiscal acometidas tanto por él como por el resto de su familia y, presuntamente, con la obtención de sumas de dinero por su «mediación y posición» en la actividad sindical y política. No parece tampoco tener dudas la jueza de que este patrimonio procede de desvíos de fondos públicos derivados de la subvención de la residencia geriátrica.

Tampoco convence a la magistrada el argumento aportado por la letrada de que buena parte del patrimonio de Villa es anterior a 2012, cuando regularizó su situación fiscal. La jueza tilda de «irrelevante» el origen concreto de los bienes afectados por las medidas cautelares y mantiene la orden de embargo por encima de los 6.000 euros en cada uno de los productos bancarios que el exsindicalista tiene a su nombre.

Por otra parte, las forenses Antonia Martínez y Rosario Morant ratificaron ayer en el juzgado el informe médico realizado el pasado uno de junio, que concluía que el grado de deterioro cognitivo del exlíder sindical no le impide ser oído en declaración. Su valoración obligó a Villa a presentarse minutos después de ser sometido al examen médico ante la magistrada, si bien se acogió a su derecho a no declarar. Los fiscales de Anticorrupción siguieron vía videoconferencia desde Madrid la explicación de las dos médicos, que tuvieron que responder las dudas que a la letrada le genera el hecho de que su cliente hubiera superado esta exploración médica cuando, en enero de 2016, en el marco del proceso judicial abierto por la denuncia del SOMA, no superó una similar. Si bien es cierto que, posteriormente, un experto neurólogo propuesto por la acusación resolvió que sí estaba en condiciones de declarar.

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