La jueza reconoce la condición del Montepío como «parte perjudicada»

Postigo, Fernández Villa y Pulgar, en un acto en 2000. / EFE
Postigo, Fernández Villa y Pulgar, en un acto en 2000. / EFE

Acepta su personación como acusación particular y la denuncia por delito societario, sin perjuicio de su posible responsabilidad civil por el desvío de fondos públicos

ANA MORIYÓN OVIEDO.

La jueza del 'caso Hulla' lo tiene claro. Considera que el Montepío de la Minería ha sido «parte perjudicada» por el presunto desvío de fondos de la mutualidad por parte del expresidente de esta entidad, José Antonio Postigo, en connivencia con el resto de los investigados en la causa, entre ellos el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa. Por este motivo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 ha aceptado la personación de la mutua como acusación particular y, de forma paralela, su denuncia por un presunto delito societario contra ambos exdirigentes. Esto, completa la magistrada Begoña Fernández, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil subsidiaria que pudiera exigírsele como consecuencia del presunto desvío de fondos públicos, derivados de la subvención de 31 millones de euros otorgada por el Ministerio de Industria para la construcción de la residencia de Felechosa.

La jueza argumenta en su auto que el Montepío está sobradamente «legitimado» para el ejercicio de las acciones penales y civiles como parte perjudicada y, como tal, admite a trámite la denuncia interpuesta por la actual dirección de la mutua, encabezada por Juan José Pulgar, contra quien fuera su antecesor en el cargo, José Antonio Postigo, y el exdirigente sindical José Ángel Fernández Villa. No obstante, la magistrada entiende que la mutualidad puede ser considerada, igualmente, responsable civil subsidiaria «por el presunto perjuicio patrimonial causado al Estado», dada la condición de subvención pública de los fondos recibidos por la mutua por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC).

La magistrada dio a conocer su decisión a las partes ayer, a través de un auto firmado el pasado miércoles 5 de julio en el que hace suyo un informe previo de la Fiscalía de Anticorrupción, que considera viable, dada la jurisprudencia que existe en esta materia, la posibilidad de que una misma parte pudiera asumir conjuntamente la doble condición (de acusador y acusado).

Los fiscales Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa entienden también que ha quedado «evidenciado» el «abuso sistemático» ejercicio por Postigo de los cargos que desempeñó en el Montepío, bajo la protección de Fernández Villa, y la «fraudulenta gestión» que realizó como presidente, lo que «legitima» al Montepío como acusación particular. «Resultó indiciariamente perjudicado por el fraudulento proceder de su presidente y de terceros participantes en los hechos, pudiendo interesar el abono de las cantidades defraudadas», reconocen. Igualmente, anotan que el presunto desvío de fondos públicos recibidos por el Montepío para la residencia convierte a esta institución en responsable civil.

No obstante, a la actual dirección del Montepío no le asusta esta condición porque entiende que dispone de documentación suficiente para defender la honorabilidad de la institución y limitar la responsabilidad de los hechos delictivos a Postigo y Villa. De hecho, el actual presidente, Juan José Pulgar, defendió en una entrevista a EL COMERCIO que el resto de los miembros de la Comisión Regional del Montepío fueron «engañados» por Villa y Postigo.

Por otra parte, la jueza ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de Villa, que pidió declarar nulas las diligencias realizadas durante el periodo en el que se prorrogó el secreto de sumario del 'caso Hulla', al entender que esta moratoria no estuvo justificada.

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