El juicio contra Villa por el 'caso SOMA' se celebrará el primer semestre de 2018

Fernández Villa.
Fernández Villa. / ÁLEX PIÑA

La Audiencia debe resolver primero la petición de la defensa para suspender el procedimiento por enfermedad sobrevenida

ANA MORIYÓN OVIEDO.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo dio ayer traslado del 'caso SOMA' a la Audiencia Provincial. La magistrada Simonet Quelle Coto ha cerrado definitivamente la instrucción del caso contra el exsecretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa, y el expresidente del Infide, Pedro Castillejo, por un delito continuado de apropiación indebida, y lo ha elevado a la Audiencia Provincial para su posterior reparto y señalamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) calcula que el juicio se celebrará, previsiblemente, dentro del primer semestre de 2018.

La Fiscalía del Principado pide para José Ángel Fernández Villa cinco años de prisión y la devolución al sindicato de 434.000 euros en concepto de gastos sin justificar y dietas del comité intercentros de Hunosa de las que, presuntamente, se habría apropiado ilícitamente; así como tres años de pena para Pedro Castillejo, al que le reclama la devolución de 119.000 euros. La acusación, que ejerce el SOMA a través del bufete Ontier, eleva las peticiones de cárcel para los acusados a seis y cinco años, respectivamente.

La Audiencia Provincial deberá resolver, previamente a la celebración del juicio, si, como solicitó la abogada de Villa en el escrito de defensa adelantado por EL COMERCIO, suspende el procedimiento judicial abierto por la supuesta «enfermedad mental sobrevenida» del exdirigente sindical. La letrada Ana Boto insiste en que su cliente no está en condiciones mentales para ser sometido a un juicio oral y ha pedido, como prueba anticipada al juicio oral, que vuelva a ser examinado por las dos forenses que, en enero de 2016, concluyeron que el deterioro cognitivo del exlíder le impedía declarar con todas las garantías judiciales. Será este tribunal quien decida ahora si esta prueba es o no pertinente.

No obstante, conviene recordar que, posteriormente a aquel primer examen forense, un experto neurólogo propuesto por la acusación resolvió que Villa sí tenía capacidad para ser oído, lo que motivó que la magistrada le volviera a llamar a declarar bajo apercibimiento de detención. Lo hizo, un año más tarde de la primera citación, de forma coherente. Meses más tarde, el pasado mes de junio, el exdirigente sindical fue sometido a una nueva exploración forense -en el marco del segundo proceso judicial que Villa tiene abierto, el 'caso Hulla'- que también concluyó que sí tiene capacidad mental suficiente para ser interrogado.

Cuentas bancarias

En el escrito de defensa presentado por José Ángel Fernández Villa se niega, además, una a una las acusaciones vertidas por el sindicato SOMA, que reclama al exlíder la devolución de 434.000 euros en concepto de gastos sin justificar y dietas del comité intercentros. Argumenta Boto que todas las cuentas bancarias del SOMA «tenían facultades de disposición mancomunadas de diferentes personas» con lo que, advierte, «de ser ciertos los hechos inexcusablemente deberían de haber participado en los mismos como coautores, cómplices o encubridores». Alega que «todos los gastos» de Villa «se han practicado en el ejercicio de sus funciones sindicales» y recuerda que las cuentas se aprobaron año tras año sin que nadie pusiera «ningún reparo a los gastos de representación» de Villa.

En el escrito de defensa de Pedro Castillejo, también adelantado por EL COMERCIO, su abogado Alfredo García López rechaza cualquier competencia en el ámbito económico-contable de su cliente y apunta directamente al contable de la institución, Juan Cigales, como único responsable de estas tareas. Le atribuye, además, una gestión «caótica» que se «oculta en todo o en parte a la totalidad de los patronos de la fundación». El letrado aduce en su escrito de defensa que «el grueso» de la querella, ya en fase de juicio oral, se sustenta en un informe pericial elaborado por encargo del sindicato minero en el que queda ratificada la falta de control en la contabilidad y de justificación en las salidas de caja efectuadas, no solo por su cliente, sino por otras personas. Sin embargo, se queja de que a Castillejo, pese a su labor dentro de la fundación, no se le reconoce como gasto justificado «ni un solo céntimo para nada».

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