La Junta acaricia un acuerdo sobre la ley de Transparencia tras casi cuatro años de trámites

Gaspar Llamazares, responsable de la ponencia, con el diputado Ovidio Zapico, en la Junta. /  ÁLEX PIÑA
Gaspar Llamazares, responsable de la ponencia, con el diputado Ovidio Zapico, en la Junta. / ÁLEX PIÑA

La Cámara prevé habilitar enero como periodo de sesiones para dar el último empujón al texto, que incluye un registro de grupos de presión y las denuncias anónimas

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

Los grupos parlamentarios acarician un acuerdo sobre la ley de Transparencia que permite pensar con ciertas garantías en su aprobación prácticamente cuando se van a cumplir cuatro años desde el inicio de su tramitación. Sobre la mesa hay un borrador, muy avanzado, que contempla soluciones a algunas de las cuestiones más delicadas, como las denuncias anónimas de casos de corrupción o la relación entre las administraciones públicas y los grupos de presión. La ponencia que se ocupa de este debate en la Junta General quiere habilitar enero como periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de llegar a un documento definitivo a finales de ese mismo mes, dando tiempo a solventar así algunas de las cuestiones que todavía están por cerrar, como el diseño exacto de la oficina anticorrupción que es considerada como un punto irrenunciable por Podemos.

La ponencia que se ocupa de los trabajos, bajo la dirección de Gaspar Llamazares, se reunió ayer en la Junta en una cita que permitió constatar que no existen obstáculos insalvables y que la opción de un consenso entre los grupos parece hoy al alcance de la mano. Un hipotético acuerdo permitiría dar un final feliz a una tramitación que comenzó en 2014, con varias interrupciones en el camino -el proyecto inicial hubo de retirarse por sus deficiencias técnicas y por la falta de apoyos y esta legislatura se registró otro nuevo- que han provocado un agujero en el programa legislativo del Gobierno de Javier Fernández. Que una de las iniciativas 'estrella' del Ejecutivo lleve cuatro años atascada en la Cámara, entre reproches de los servicios jurídicos y críticas políticas varias, ha puesto en más de un aprieto a los socialistas en este convulso periodo parlamentario.

Ahora, casi cuatro años después, el proyecto se sustenta sobre unas bases aparentemente sólidas. Entre otras cosas, el texto que ahora se discute acepta la posibilidad de las denuncias anónimas de episodios de supuesta corrupción, una propuesta de Podemos de la que tanto el Gobierno como IU recelaron inicialmente pero que acabó siendo aceptada en pro del acuerdo. Hay asimismo una regulación de los grupos de presión o 'lobbies', con un registro de los mismos y con la obligación de las administraciones de informar con cuáles se reúne y con qué objetivos. También aparece, a propuesta de Izquierda Unida, un plan anticorrupción que identificará aquellos ámbitos de la actividad administrativa más susceptibles de verse afectados por prácticas irregulares y que se evaluará con periodicidad anual.

La ponencia quiere aprovechar enero, periodo inhábil en la Junta, para desbrozar las cuestiones pendientes. Es el caso de la evaluación de los servicios públicos, una cuestión que inquieta a Ciudadanos y que el Gobierno quiere incluir en otra ley, y de dos temas de interés para Podemos: la iniciativa de 'cuentas abiertas' y la garantía de que la oficina anticorrupción dependa de la Junta y no del Gobierno. La primera tiene pocos visos de prosperar. La segunda es cuestión de voluntad política, después de que el presidente, Javier Fernández, se mostrara dispuesto a ceder en ese punto para facilitar un acuerdo presupuestario en caso de que sea viable jurídica y económicamente.

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